El caso Comunicore, como hecho de corrupción de funcionarios, sigue su curso –a paso de tortuga– aunque en él Luis Castañeda Lossio ya no tiene participación gracias a los constantes pedidos que hizo en los años anteriores al Poder Judicial para que no lo encausen. Pero, como hecho de lavado de activos, el alcalde de Lima aún podría ser citado a declarar.
El problema es que esto no ocurre porque, como caso de lavado de activos, Comunicore no tiene fiscal asignado hasta el momento y, por esa razón, desde hace siete meses –cuando la Procuraduría contra el Lavado de Activos le pidió al Ministerio Público que lo cite y le tome su declaración– Castañeda aún no dice nada sobre el papel que habría jugado en el desembolso de S/. 35.9 millones que sus principales gerentes efectuaron a favor de esa empresa marginal llamada Comunicore en las primeras horas del año 2006.
Circunstancias ocurridas dentro del Ministerio Público le han permitido a los investigados por este escándalo ganar hasta el momento una buena cantidad de meses sin que se desarrollen interrogatorios elementales, diligencias necesarias y peritajes claves.
Luis Castañeda no tiene calidad de investigado, sin embargo, la procuradora contra el Lavado de Activos, Julia Príncipe, considera que el burgomaestre debe desfilar por el Ministerio Público para dar cuenta de sus actos y, después de ello, se debe evaluar si pasa, o no, a ser investigado.
El 29 de agosto de 2014, Príncipe pidió por escrito que la Fiscalía cite al alcalde para que explique los hechos que cuatro días antes había expuesto en calidad de primicia la revista Poder (“La lavandería de Comunicore”), al revelar que la millonaria operación había sido parte de una acción mayor para blanquear dinero proveniente de las drogas.
En su pedido, Príncipe le demandó a la Primera Fiscalía Provincial Penal contra la Criminalidad Organizada que “se sirva disponer se reciba la declaración del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, quien según información difundida por varios medios periodísticos se habría beneficiado con el pago indebido efectuado a la empresa Comunicore”.
En el mismo oficio la procuradora pidió lo mismo para el ex gerente de Administración y ex gerente Municipal de Luis Castañeda, Carlos Chávez Málaga, quien intervino en los pormenores para dar luz verde al cuantioso pago a Comunicore y, tiempo después, pasó a laborar como asesor de una de las empresas de Miguel Garro, el dueño de Comunicore.
La respuesta de la fiscalía fue: “téngase presente y por solicitado”. Pero, en los hechos, ocurrió casi nada, por las razones que vamos a resumir a continuación.
LAS DEMORAS
En el camino se dieron circunstancias que abonan involuntariamente a favor de los intereses de los investigados y de otros que deben acudir a declarar.
El 5 de noviembre, la Fiscalía contra el Crimen Organizado declaró “complejo” el caso y amplió las investigaciones por 120 días más, es decir, hasta fines de febrero de 2015.
Pero el 1 de diciembre el caso pasó del sistema de Crimen Organizado al de Lavado de Activos, cuando la Fiscalía Superior Coordinadora Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó la carpeta para su evaluación.
El 6 de enero, la Procuraduría reiteró su pedido para que se recabe las declaraciones de los investigados, no obstante, a fines del mismo mes se decidió que el expediente pase a la denominada Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.
La carpeta llegó a la mesa de partes esta oficina superior nacional el 24 de febrero, y desde entonces se espera que la Secretaría Técnica de dicho despacho le asigne el respectivo número de ingreso, así como el fiscal que se encargue de las investigaciones.
Pero, sobretodo, que se encargue de decidir si le va a tomar, o no, la declaración al alcalde Luis Castañeda. La autoridad edil ha ganado siete meses, hasta el momento.
