Poco menos que lapidaria es la critica que ha hecho a la Ley de Trabajo Juvenil el expresidente del Banco central de Reserva (BCR), Jorge Chávez para quien esta norma "no generará más empleo y crecimiento económico ni reducirá la informalidad de las pequeñas y micro empresas".
Chávez es presidente Ejecutivo de la consultora Maximixe. En una reciente evaluación señala que la norma esta hecha para "que las grandes y medianas empresas" las cuales sin embargo "no son mayormente informales". Estas empresas, sostiene "serían las llamadas a gatillar la demanda de trabajo juvenil, dado que para muchas de ellas la reducción de obligaciones laborales que introduce la nueva ley respecto al régimen laboral general".
"Los sectores más beneficiados serían los intensivos en trabajo de baja calificación, como el sector retail, demandante de personal joven que puede ser capacitado en corto tiempo y a bajo costo. En segunda instancia, pueden beneficiarse las medianas y grandes empresas de servicios tales como las cadenas de estaciones de servicios de combustibles, los call centers, las cadenas de restaurantes y comida rápida, etc", asevera.
Explica, además, que la ley es "redundante" pues establece un régimen laboral similar al de la Ley MYPE, y que tendrá como consecuencia hacer "más costosa y engorrosa la fiscalización de su aplicación". " (...) dicha ley complica en demasía la labor de fiscalización de la Sunafil ante alrededor de 40 regímenes laborales superpuestos, con sus prohibiciones e incentivos segmentados. Asimismo, afirma que su objetivo de generar mayor empleabilidad entre los jóvenes de 18 a 24 años "podría ser mejor alcanzando perfeccionando la vigente Ley sobre Modalidades Formativas Laborales."
Con cierto aire academicista, el ministro de la producción, Piero Ghezzi, ha dicho que tendrá que verse cómo funciona esta ley durante un año para luego decidir si se hace ajustes. Mejor sería ahorrarse ese tiempo derogándola y avocándose a perfeccionar la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, a la luz de los más recientes avances de la teoría y la praxis de la formación dual, en alternancia y en redes y aplicando un árbol de problemas y causas bien concebido, centrado en la deficiencia de la educación y la capacitación de nuestros jóvenes. En paralelo, toda reforma laboral en adelante debe apuntar a integrar los diversos regímenes laborales y a reducir en bloque los sobrecostos que afectan la productividad de las empresas peruanas.
Chávez también rebate los argumentos del ministro de la Producción Piero Ghezzi que sostiene que esta ley busca incrementar la productividad de la masa trabajadora de jóvenes que no tienen formación. El expresidente del BCR afirma que si bien la ley reconoce que la baja productividad se debe a la baja formación y capacitación laboral, la reducción de impuestos a las empresas que capaciten a los trabajadores por este régimen es solo un "tímido incentivo".
En general, hay una brecha enorme entre la pertinencia y calidad de la formación recibida por los jóvenes y las competencias demandadas por las empresas, la cual deriva principalmente de un profundo divorcio entre los Centros de Formación Profesional y la empresa privada. La Ley del Empleo Juvenil de alguna manera reconoce esta deficiencia, pero la aborda en forma tangencial dando un subsidio vía crédito tributario contra el Impuesto a la Renta, por el monto del gasto de capacitación que realice la empresa, hasta un tope del 2% de la planilla anual. Un subsidio que se enreda con la creación de una nuevo Régimen laboral superpuesto a los alrededor de 40 ya existentes en el país.
Además, explica que la informalidad de la economía sólo puede disminuir si "la productividad de las pequeñas y micro empresas llegara a ser tan alta que permita que sus ingresos sean lo suficientes para cubrir los costos laborales y tributarios de ser formal".
"Si la norma se hubiera dado durante la fase de auge del último ciclo económico, se hubiese podido argumentar que al crecer la demanda de mano de obra por encima de su oferta, el efecto sustitución se reduciría aproximándose a un mínimo friccional, por lo que el efecto neto sobre el empleo podría eventualmente llegar a ser positivo. Sin embargo, en una economía en aguda desaceleración y con una industria recesada –como ocurre actualmente- el efecto neto de la norma será generar mayor desempleo estructural, puesto que aquellos que dejarían de trabajar difícilmente encontrarían trabajo mientras estén vigentes los recortes de obligaciones laborales de esta ley, al ser aplicables exclusivamente a sus beneficiarios", asevera Chávez .
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