En un parlamento atomizado en el que las demás fuerzas de oposición reunidas solo suman 50 curules, la bancada fujimorista de Fuerza Popular, con sus 36 legisladores, fue clave esta mañana para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).  

Por ejemplo, su peso fue gravitante para rechazar la candidatura de la exfiscal de la Nación, Nelly Calderón. No podría haber sido de otro modo. Fue Calderón quien en 2001 denunció a Alberto Fujimori ante el Congreso como "co-autor" de la masacre de Barrios Altos, donde el grupo paramilitar Colina mató a 15 personas, incluido un niño de 8 años. Fujimori, ocho años más tarde, fue condenado a 25 años de prisión por éste y otros crímenes.

Calderón era la candidata propuesta por Perú Posible, agrupación del expresidente Alejandro Toledo. Los vínculos de Calderón con el lider de la Chakana son evidentes. Ella firmó junto a otros letrados un documento que enviaron a la Fiscalía de la Nación solicitando se archive la acusación fiscal contra Toledo por el caso Ecoteva.

Además, Calderón tenía otros pasivos, como la acusación que en el 2005 presentó en su contra el fallecido congresista Javier Diez Canseco por haber intervenido irregularmente en la investigación sobre el salvataje del Banco Wiese. El Congreso, finalmente, desestimó la acusación.

Sin embargo, no menos suspicacias generaba la candidatura de José Luis Sardón, quien finalmente sí fue electo. Sardón, un jurista que ha negado pertenecer a las filas del fujimorismo, pero cuyos nexos con este partido se han dejado entrever en sus polémicas opiniones. Por ejemplo, se pronunció a favor del indulto a Fujimori.

No solo eso, Sardón ha sido miembro del consejo directivo de Reflexión Democrática, ONG del empresario minero Roque Benavides, con quien comparte el rechazo a la Consulta Previa y a la "licencia social" en caso de conflictos sociales sobre proyectos extractivos. Esta tarde le dijo a El Comercio Web, al ser preguntado sobre su ligazón con el fujimorismo: “Nunca he sido un hombre de partido, soy un independiente, pero obviamente tengo mis ideas políticas y económicas”. A buen entendedor pocas palabras. 

HURGANDO EN LA HISTORIA

Es curioso que el fujimorismo haya sido dirimente en la elección de esta mañana en el caso de algunos candidatos. Es decir, democrático porque el número de parlamentarios que tienen es producto de la elección popular, pero, por lo menos, paradójico si se recuerda que fue el gobierno del líder histórico de este partido, Alberto Fujimori, el que destituyó en 1997 a los magistrados del TC Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry, (ambos ya fallecidos) y Delia Revoredo, por declarar inaplicable la “ley de interpretación auténtica” que permitía la recordada re-reelección en el 2000. 

En 1996, el Congreso de mayoría fujimorista decidió que el artículo de la Constitución que permitía al presidente reelegirse solo una vez y, por ende impedía a Fujimori, reelegido en 1995, tentar un tercer mandato, requería de una “Interpretación auténtica”. Así se fraguaba cuatro años antes de las elecciones lo que a posteriori  sería uno de los capítulos más vergonzosos de la vida republicana de este país.

El argumento del Parlamento era que Fujimori había sido elegido 1990 con la Constitución de 1979, y como en 1993 se aprobó una nueva Constitución -después del autogolpe y cierre del Congreso- la de 1995 era recién su primera elección. Los magistrados rechazaron el mamarracho argumentativo y el Congreso, digitado desde Palacio de Gobierno, decidió destituirlos. Este hecho se constituyó en un escándalo internacional que confirmaba por aquellos años la dictadura solapada que Fujimori -de la mano de Vladimiro Montesinos- había estructurado en el aparato público. 

Borges dijo que la democracia era un abuso de la estadística. A veces y solo a veces como esta mañana, el escritor argentino pareciera tener razón. 

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