En México, el debate por la regularización del uso de la marihuana para fines médicos llegó a un sector importante del Congreso de la Unión. El 12 de marzo un grupo de senadores de la izquierda mexicana, apoyados por un legislador del conservador Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para regular el uso de la marihuana con fines médicos. De lo que se trataría es que los estados mexicanos y el Distrito Federal tengan más facultades para legislar en la materia.

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Mario Delgado presentó el proyecto de decreto que busca reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal para la regulación de cannabis y tetrahidrocannabinol, pero "con un enfoque primigenio de salud pública y de reducción de riesgos y daños".

La iniciativa pretende revisar las cantidades personales de marihuana, a fin de que la dosis máxima de consumo pase de cinco a 30 gramos. En relación al opio, de dos a cuatro gramos; cocaína, de 500 miligramos a dos gramos, y metanfetaminas, de 40 a 80 miligramos. Asimismo, se está planteando que ya no se considere delito el cultivo de cannabis solo si su fin es terapéutico, siempre que se cumpla con las normas aplicables en materia de control sanitario.

"Regular no es promover el consumo; por el contrario, significa que el Estado pueda tener incidencia, en lugar de que la delincuencia decida todo en un mercado que inevitablemente va a existir", explicó hace dos semanas Delgado ante el pleno de la Cámara Alta.

El proyecto busca otorgar facultades parciales a las entidades federativas para que tengan corresponsabilidad en la persecución del cultivo, lo que abriría la puerta a que cada estado establezca su propia política sobre drogas, explicó el también presidente de la Comisión del Distrito Federal, según información brindada por EFE.

Esto es lo que la reforma pretende, tal como lo resume CNN México:

1. Mayores dosis para consumo personal, y la modificatoria del articulo 479 de la Ley General de Salud.

2. Otorgarle a la marihuana un valor terapéutico.

3. Que las políticas relacionadas con las drogas también dependan de los gobiernos locales, municipios, en coordinación con la federación.

4. Despenalizar la prescripción de marihuana para uso médico forma parte de las modificaciones sugeridas para el Código Penal Federal. 

5. Reducción de penas de cultivo para casos de extrema necesidad económica, para las personas que se dedican al campo son de uno a seis años. 

6. De 'narcotienditas' a lugares de "abastecimiento seguro". La distribución de marihuana se realizaría en espacios designados por la autoridad del DF como de "abastecimiento seguro", los cuales serían regulados por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA).

7. Campañas informativas. La iniciativa en el DF contempla la creación del Sistema de Información para la Reducción de Riesgos y Daños en el Aprovisionamiento y Uso de Sustancias Psicoactivas Ilícitas (SIRe),  

8. Desincentivar el consumo. La política de manejo de cannabis incluye la creación de comisiones de disuasión —las que el IAPA determine necesarias— que informarían sobre los riesgos y daños asociados al consumo de "sustancias psicoactivas". 

9. Consumidores, no criminales. Debido a que los delitos contra la salud "concurrentes" serán de la más baja prioridad, ninguna autoridad podrá detener a personas que porten hasta 300 gramos de marihuana.  

10. Preliberación de reos. La iniciativa propone que el jefe de gobierno del DF adopte un programa para la preliberación de las personas que se encuentran recluidas en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, sentenciados o acusados por los delitos que la ley considera de "baja prioridad", tales como portación o venta de cannabis por cantidades de 300 gramos o menores.

La ONU y los convenios antidrogas

Para Lisa Sánchez, quien dirige el Programa Latinoamericano de Reforma de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia y Transform Drug Policy Foundation, esta propuesta de regularización no contraviene a la Convención de Naciones Unidas de 1988 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en el cual México es signatario, según un artículo de opinión publicado en CNN México.

Críticos afirman que, de aprobarse, la Ciudad de México estaría ejerciendo su poder discrecional para evadir la obligación de perseguir, dentro de su ámbito de competencia, los delitos definidos en el Artículo 3 Sección 1a de la Convención de la ONU: “producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, oferta para la venta, distribución, venta, entrega en cualesquiera condiciones, corretaje, envío, envío en tránsito, transporte, importación o exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica”.

A pesar de ello, Sánchez aclara:

El ordenamiento jurídico internacional permite la distinción entre delitos graves y leves así como la sustitución de medidas punitivas por otras de carácter educacional o social. De la misma manera, una lectura precisa de la iniciativa entiende que el proyecto presentado NO constituye una despenalización del narcomenudeo (por ser esta competencia exclusiva de la Federación) y por ende, tanto la posesión para consumo personal como la venta de cannabis en pequeñas cantidades seguirán siendo delitos aunque de carácter “menor” y estarán sujetos a una persecución y sanción distinta.

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