La tensión está a la orden del día en Ucrania. Los activistas de la organización Causa Común, que tomaron ayer la sede del Ministerio de Justicia en Kiev, ya han evacuado el recinto tras ser criticados tanto por el gobierno como por la oposición, según recoge el diario Kyiv Post. Eso sí, mantienen bloqueada la entrada principal del mismo. 

Causa Común es una organización hasta ahora poco conocida que aboga por fortalecer el control ciudadano sobre al gestión gubernamental. El líder del grupo, Alexandr Daniliuk, anunció, a través de su perfil en Facebook, la retirada pero ha advertido de que podrían volver a tomar el reciento el martes si el Parlamento, durante la sesión especial para discutir sobre la crisis política, "no accede a las demandas de los manifestantes y la oposición". 

"Si las demandas para restaurar el orden constitucional, organizar elecciones presidenciales y parlamentarias y cesar los actos de terror contra el pueblo ucraniano no se cumplen mañana, entonces irrumpiremos en todos los edificios administrativos y solo permitiremos que entren las personas directamente responsables de las vidas y las salud de los ciudadanos", ha advertido Daniliuk.

Las protestas antigubernamentales se han extendido a por todo el país: desde Kiev a la parte Este ucraniana, granero de votos del presidente, Víktor Yanukóvich. En total, los manifestantes se han hecho con el control de edificios gubernamentales en diez ciudades durante las últimas semanas. Por ello no sorprende la preocupación del gobierno, que ahora amenaza con imponer el estado de emergencia.

La ministra de Justicia de Ucrania, Elena Lukash, ha advertido que pedirá al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa que introduzca la medida en caso de que los manifestantes que ocupan el edificio no lo abandonen totalmente en las próximas horas, según ha informado BBC. 

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Unas protestas que no son nuevas

Las manifestaciones comenzaron a cobrar fuerza en noviembre de 2013, cuando el gobierno rechazó un acuerdo de largo alcance con la Unión Europea (UE) en favor de fortalecer los vínculos con Rusia.

Sin embargo, el malestar de los manifestantes  creció por las nuevas leyes sobre el derecho a manifestarse que prevén penas de cárcel para cualquier persona que bloquee edificios públicos y prohíbe el uso de máscaras o cascos en las manifestaciones. 

Como resultado, las protestas se tornaron violentas el 19 de enero y las primeras víctimas mortales se registraron la semana pasada en la capital.  A pesar de que líderes de la oposición han negociando con el presidente, quien llegó a ofrecerles que se integraran al gobierno, los disturbios no cesan.

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