Este fin de semana, el gremio empresarial peruano representado en la Confiep decidió intervenir en la coyuntura política con un comunicado crítico del gobierno. 

El comunicado aduce que eventos como la discusión en días recientes del tema de la concentración de medios, el pase a pleno en el congreso de un proyecto de ley de educación superior y las normas dadas al sector pesquero (destinadas a ordenar la industria y proteger la depredada biomasa de los recursos marítimos) "afectan la confianza empresarial, alteran el clima de inversiones, ponen en riesgo lo avanzado y generan discordia entre peruanos". En suma, que si el gobierno sigue por esa línea, la plata se va a acabar (y sí, el tono de amenaza es intencional).

Es curioso. Ayer nomás esta misma Confiep nos aseguraba que el gobierno sí transmite confianza, que el sector privado peruano está creciendo a "velocidad supersónica", y que el 2014 será un año de bandera. Es difícil explicar el cambio tan repentino, pero vamos a intentarlo.

No hay que hacer demasiada leña del árbol caído de la mala redacción, pero nótese el subtítulo con el que la Confiep inicia sus observaciones. "Dejemos de lado hechos que afectan al país", nos pide, y es tentador verlo no sólo como producto del apuro con el que quizá se escribió el texto, sino como un verdadero lapsus a la espera urgente de interpretación: cuando uno deja de lado los hechos, las cosas concretas y verificables, lo que le queda es la pura ideología, y la discusión debe darse en esos términos.

Quizás eso es lo que les ha pasado a estos empresarios: al dejar de lado los hechos, lo que veían color de rosa se les ha vuelto negro en tan sólo unas semanas. Han bastado unas declaraciones del presidente Humala sobre la concentración de medios y una ley de reforma universitaria aprobada en comisión (nada de ello es todavía un "hecho") para que todo se vaya al cuerno.

Hechos, entonces. Si fuera cierto que el mero debate de los peligros de la concentración de propiedad en el mercado informativo, ya no digamos la discusión en el Congreso de un proyecto de Ley de Medios como el que se anuncia, afecta negativamente los niveles de inversión y el crecimiento económico, la economía de países en los cuales existen tales leyes, y donde la prensa está sujeta a prácticas mucho más restrictivas de las que siquiera se mencionan en el Perú en estos días, estaría decreciendo aceleradamente. Países como Ecuador o Bolivia, por ejemplo.

¿Está decreciendo la economía de esos países? ¿Se está desacelerando en ellos la inversión? Esas preguntas sí apuntan a hechos concretos. Y la respuesta es: no. Ni Ecuador ni Bolivia han dejado de crecer debido a sus prácticas y leyes con respecto a los medios de prensa; al contrario, han continuado creciendo, con la confianza de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Es decir, esas economías se mueven a los ritmos macro y micro generales para la región, sin que sus prácticas y leyes sobre los medios las impacten negativamente (o positivamente, para tal caso). Esas prácticas y esas leyes son cuestionables desde muchos ángulos, pero no lo son porque ahuyenten las inversiones o desaceleren el crecimiento. No lo hacen. Ese es un hecho. 

Si fuera cierto que crear una entidad supervisora y fiscalizadora de la educación superior, como propone el proyecto de ley aprobado en la comisión de educación del Congreso, también "pusiera en riesgo lo avanzado" y contribuyera a desacelerar la economía, países en los cuales existen tales organismos podrían citarse como ejemplos. Países como Chile, que cuenta desde hace algunos años con una Superintendencia de Educación Superior encargada de esas tareas y no parece haber sufrido consecuencias negativas.

En Chile, valga anotarlo, las universidades-empresa como las que proliferan en nuestro país (y que el proyecto de ley en cuestión deja intactas en su estructura básica como entidades asociativas con fines de lucro) están prohibidas. En ese país no se puede hacer negocio con la educación superior, y punto. No hay nada comparable a Telesup, Alas Peruanas o la César Vallejo. ¿Ha ahuyentado eso las inversiones, ha puesto en peligro lo avanzado, ha generado discordia? No, y ese también es un hecho. 

Y así sucesivamente. Una a una, las afirmaciones que hace la Confiep en su comunicado se revelan falsas. Lo cual, como decía, no parece haberle importado demasiado a la caja de resonancia mediática que estos puntos de vista tienen garantizada. 

Hoy, por ejemplo, Juan José Garrido, director del diario Perú21, parte del grupo El Comercio, acusa a quienes han cuestionado estas falsedades de la Confiep o su clara intencionalidad política de no ser suficientemente democráticos y dice que en realidad el gremio empresarial se quedó corto en su comunicado. Según Garrido, no es que el Perú vaya a perder inversiones por esta coyuntura política, sino que ya las está perdiendo, y por miles de millones.

Garrido, por supuesto, no ofrece una sola cifra en respaldo a su afirmación (eso es lo que le sucede a los periodistas cuando dejan de lado los hechos). Lo que quiere no es informar a sus lectores, sino afirmar una manera de entender la democracia, que puede suponerse es la misma de la Confiep. Y se resume así: los empresarios tienen derecho a decir lo que les venga en gana, así sean falsedades, así contradiga lo que ellos mismos decían apenas dos meses antes, y nadie debe responder. Escuchen calladitos nomás. No hagan ruido (sólo nosotros podemos hacerlo), porque se va la plata.

Así no es, pues. Esa no es democracia sino bullying. El mismo bullying que parece ser el modelo de hacer negocios entre muchos empresarios peruanos y también su modelo de intervención en la arena política. Su objetivo (y el de los medios de prensa que se alinean con ellos) es impedir el diálogo, acallar la discusión, obligar al país a escuchar únicamente sus voces y convertir al estado (aún más) en un mero administrador de sus intereses y sus contratos, con la vista puesta en la ganancia de corto plazo. "El Perú está primero", dicen. No hay que creerles ni la mitad.