Continúa la negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, tras haber llegado a un acuerdo en el tema agrario -epicentro del conflicto armado colombiano-, se centra ahora en la cuestión de la participación política.

Así, las FARC volvieron a tomar los micrófonos ayer para pedir en La Habana diez "propuestas mínimas" en las que plantean una profunda reforma del Estado colombiano, así como garantías plenas para el ejercicio de la oposición.

Su petición se produce una semana después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazara la petición que formularon los guerrilleros de aplazar por un año las elecciones de 2014 en Colombia.

En esta ocasión, señalaron la necesidad de avanzar hacia "la democratización real" de Colombia. Así, la reestructuración del Estado y las garantías para la oposición son las primeras dos propuestas de las diez que enunciaron las FARC para su discusión en la mesa de diálogo.  Las ocho restantes se refieren a las garantías políticas para las organizaciones guerrilleras en rebelión y sus combatientes; la democratización de la información y los medios de comunicación o el estímulo a la participación de las regiones y territorios; entre otros. 

El grupo guerrillero reclama una reforma electoral que regule la contienda política "en equidad e igualdad de condiciones", erradique el "clientelismo" y las prácticas "corruptas, criminales y mafiosas" y garantice la participación de las fuerzas políticas opositoras.

Para el ejercicio de la oposición, las FARC instan a que se reconozcan en Colombia a todas las organizaciones, partidos y movimientos políticos y sociales opositores. Además, piden establecer un "Estatuto de la Oposición" con garantías políticas y de seguridad individual para ejercer ese derecho y reclamar la supresión de las prácticas paramilitares y la estigmatización a fin de asegurar la participación política de los sectores sociales y populares. 

En este punto, la guerrilla propone la promulgación de medidas de reparación a la Unión Patriótica (UP), un partido que nació en 1985 fruto de un acuerdo entre el expresidente Belisario Betancur y las FARC. Esa formación de izquierdas fue víctima de una masacre con el asesinato de unos 4.000 de sus militantes en los años 80 a manos de paramilitares en alianza con políticos. 

Uno de los temores que evidencian los negociadores de la guerrilla es el protagonismo que ganaron algunos sectores en la oposición, que buscan acabar con la hegemonía en el Congreso y, por lo tanto, con la mayoría que tiene la Unidad Nacional -un grupo de partidos políticos que apoyan al gobierno de Santos en el actual proceso de negociación- con lo que podrían cerrar el camino a la refrendación de los acuerdos por la vía legislativa, indica el diario El País. 

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