El exviceministro de gestión ambiental José De Echave señaló que existen presiones de gremios empresariales detrás del paquete de reformas anunciadas por el gobierno para agilizar los proyectos de inversión privados, y que se estarían relajando las leyes de respeto ambiental.

Por ejemplo, alertó que el decreto supremo 060-2013-PCM, publicado el 25 de mayo último, determina que la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y semidetallados, se realice en un plazo máximo de 100 días. 

Empero, recordó que en el gobierno no existe la capacidad para realizar una evaluación ambiental rigurosa en dicho periodo.

"No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que una decisión de este tipo aportará a relajar aún más el filtro ambiental que representa los EIA, en la medida que ni la institucionalidad ambiental que está en los ministerios está preparada para realizar evaluaciones ambientales rigurosas en esos plazos y el nuevo sistema nacional de certificación ambiental (SENACE) recién comenzará a operar desde abril del próximo año", remarcó.

Asimismo, cuestionó el equipo de gestores públicos encargados de destrabar la inversión privada, puesto que, en su opinión, pueden presentarse conflictos de interes, si sus integrantes provienen del sector privado.

"Pero, ¿estará integrado solamente por gestores próximos a la Confiep o al Instituto Peruano de Economía o será algo realmente balanceado? ¿Incluirán a representantes de la sociedad civil, sectores académicos, representantes de organizaciones sociales? ¿Serán tomados en cuenta especialistas en aspectos sociales y los impactos ambientales de los proyectos?", se preguntó. 

En tanto, criticó que la tercera medida relacionada con el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, que aplica el silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos, para que los empresarios privados y el propio Estado certifiquen que no existen sitios arqueológicos en las zonas en donde se pretenden desarrollar proyectos de inversión. 

Indicó que esta norma vulnera las obligaciones internacionales contraídas por el Perú (UNESCO y otros protocolos internacionales) para la protección de nuestro patrimonio arqueológico. 

Pese a todas estas críticas, el ministro de Ambiente Manuel Pulgar-Vidal en declaraciones a Canal N sostuvo que "el gobierno alterará ninguna exigencia ambiental, no relajará las normas ambientales y que el conjunto liderado por el presidente Ollanta Humala está convencido de que las reglas ambientales son exigibles. Los decretos supremos (para acelerar las inversiones) no significan alteración de una exigencia ambiental, simplemente hacen que los plazos que están convenidos en las leyes se cumplan", sostuvo.

Por último, recordó que en el gobierno de Alan García hubo decretos de urgencia que fueron declarados inconstitucionales.