Tras la publicación de la acusación al presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, por parte del socio opositor, Jordi Cases, en la que se afirma una  posible apropiación indebida y un desvío de 40 millones de euros en la operación del fichaje de Neymar, la Fiscalía española solicitó a la Audiencia Nacional que reclame al club azulgrana el contrato del futbolista brasileño.

La empresa (DIS), que poseía el 40% de los derechos sobre el pase del futbolista, denunció que se pagó por el jugador 17,1 millones de euros, más de lo declarado oficialmente por el Santos.

No obstante, el club catalán afirmó que la operación cerró en 57,1 millones y resaltó que el resto del pago corresponde a otros compromisos de la junta directiva. En total, se habrían abonado 40 millones de euros a la empresa del padre de Neymar, además de pagar 7,9 millones de euros por parte de los derechos de tres jóvenes promesas del Santos y 9 millones por dos amistosos entre ambos equipos.

Hasta el momento, Rosell y los miembros de la junta directiva se han opuesto a revelar las cifras de la operación y argumentan que están impedidos de hacerlo debido a que en el contrato se ha firmado una claúsula de confidencialidad.


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