Debido a los casos que actualmente viene investigando la Contraloría, entre ellos, las probables adquisiciones irregulares del sector defensa y las compras secretas del gobierno aprista, se esperaría que fueran tratados con mayor diligencia, sin embargo, la cabeza de dicha institución, Fuad Khoury, ha señalado que la falta de recursos obtruye su adecuado accionar.  

En declaraciones para el diario La República, Khoury se refirió a lo logrado por la Contraloría en tales casos y también a las limitaciones que debe enfrentar, tanto de presupuesto y personal como de colaboración por parte del Poder Judicial, para la resolución de los procesos que investigan.

La Contraloría, sostuvo Khoury, no quiere interferir ni entorpecer en el trabajo que vienen realizando el Congreso y el Ministerio Público respecto al resguardo policial al operador montesinista Óscar López Meneses. Pese a que cuentan con la capacidad de hacer una evaluación de los hechos, consideran que las connotaciones del caso exigen un tratamiento de parte de órdenes superiores, que es lo que se viene dando.

Además, las limitaciones de recursos se lo impediría: "como nosotros tenemos pocos recursos y hay mucho dinero que se está perdiendo en grandes proyectos, me parece poco sensato poner a ocho personas (para que investiguen el caso López Meneses)."

Por otra parte, indicó que la Contraloría ha abrobado un endeudamiento de 1.200 millones de dólares para la adquisición de equipos militares, de una partida que alcanza los 4.500 millones de dólares. Por lo que la compra de aviones, helicópteros, municiones y un satélite sigue su curso regular.

Respecto a las compras secretas del gobierno aprista, Khoury afirmó que la investigación no ha terminado. Como se recuerda, se habló de aviones no tripulados para el Vraem y el internamiento de cinco tanques chinos MBT-2000.

Asimismo, criticó la ineficacia del Poder Judicial. De 272 sentencias condenatorias dadas durante su periodo, solo 10 tienen pena efectiva de cárcel, mientras que el resto (262) tiene pena suspendida. Recalcó que el problema central es la impunidad: "¿Por qué somos un país que nos clasifican como el corrupto de Latinoamérica? Porque no hay castigo. Tanto trabajo de la Contraloría para que al final el Poder Judicial dicte sentencias absolutorias o suspendidas cuya condena es de cuatro años y no hay cárcel real."

Entre los proyectos planteados por la Contraloría para tener un mejor desempeño están el incremento de las penas para los casos de corrupción, así como el de hacer efectiva la capacidad de sancionar a autoridades como alcaldes, regidores y funcionarios de gobiernos regionales: "[No se sancionan ahora] bajo el argumento de que ellos fueron elegidos por voto popular y para mí eso no hace la diferencia y más si son funcionarios que manejan ingentes cantidades de recursos."

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