En su afán por aferrarse a la cabeza del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia del Congreso, la fujimorista Martha Chávez insistió esta semana en atribuirse los pergaminos necesarios en dicha materia negando, una vez más, que alguna vez haya apoyado la tesis que sostenía que los estudiantes de La Cantuta se habían 'autodesaparecido'. 

Lo negó también hace más de un año, cuando en el Pleno del Parlamento Jorge Rimarachín se lo recordó, amenazando con denunciarlo por difamación si este no se atrevía a repetírselo 'a medio metro' de su cara.

Esta actitud digna del cinismo fujimorista no debería sorprendernos, pero tampoco debería pasar por alto si se tienen a la mano pruebas que demuestran lo contrario y echan por tierra el discurso de 'moralidad' que hoy pretenden adoptar al ser la segunda mayoría en el Congreso.

El diario La República recuerda en un informe publicado este jueves el debate del pleno del Congreso Constituyente Democrático del 25 de junio de 1993, en el que se revisaron los dos informes de la Comisión de Deerechos Humanos sobre el caso La Cantuta.

Uno de los informe en minoría presentado por los fujimoristas miembros de la Comisión, donde concluían que ni el Ejército ni su comandante general, Nicolás Hermosa Ríos, tenían responsabilidad en los hechos ocurridos tan solo un año antes. Al contrario, no descartaban que los nueve estudiantes y el profesor hubiesen pasado 'voluntariamente' a la clandestinidad para militar en el grupo terrorista Sendero Luminoso.

"La hipótesis de la voluntaria desaparición es probable, considerando que de la información disponible por la Comisión, se aprecia que hay muchos casos de personas denunciadas como desaparecidas que, luego, han sido ubicadas en otros lugares, a los que se trasladan para no ser identificadas y realizar así actividades terroristas".

Con 39 votos a favor y 13 en contra, la mayoría fujimorista aprobó el informe en minoría y rechazó aquel que sostenía que existían "indicios suficientes para señalar que la intervención del 18 de julio de 1992 corresponde a una operación de inteligencia realizada por alguna unidad especializada de las fuerzas de seguridad y que contó con el concurso de efectivos militares".

Pero Martha Chávez no solo respaldó con su voto el informe que indicaba la probabilidad de la "voluntaria desaparición", sino que intervino durante el debate para señalar que "el informe en mayoría pretende desprestigiar al Ejército, al Gobierno y al señor presidente de la República".

Incluso, la revista Caretas reproduciría en su edición del 27 de mayo de 1993 otro extracto de una de sus intervenciones en un pleno del CCD meses antes: “No sería raro que estas personas (los 10 desaparecidos) estén engrosando ahora las filas de Sendero Luminoso. No se han comprobado estos hechos (que fueran secuestrados por policías o militares)”.

Pero, no, ojo, ella dice que nunca dijo lo que dijo. Como bien señala María Elena Hidalgo al inicio de su informe. ¿Quería pruebas, señora Chávez? Aquí las tiene.

¿O se lo decimos 'a medio metro'?

Con información de La República, Diario16 y enlabocadeldiablo.com

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