No es un tema reciente, pues desde el 2003 se dio la voz de alerta. Y los protagonistas son el Estado y los pobladores de la comunidad de Otari Colonos. ¿La manzana de la discordia? La construcción del aeródromo militar en el distrito de Pichari, porque no responde a una necesidad de los agricultores del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

“La construcción de este aeródromo militar expropiará 470 hectáreas de cultivos de cacao, frutas y vegetales de la Comunidad de Otari Colonos, perjudicando a más de 100 familias de agricultores de darse la instalación de la base militar”, señalaron ayer dirigentes de la comunidad en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en un hotel limeño (a la cual además de la asistencia de los periodistas se sumó la de un policía).

En el 2011 el gobierno anunció que levantaría un aeródromo para facilitar la exportación de los cultivos de los campesinos, pero luego se supo que el verdadero objetivo era usarlo como centro de operaciones para combatir a Sendero Luminoso y a los narcotraficantes que se movilizan por el VRAEM. Por ello, los pobladores de la comunidad señalan que están dispuestos a luchar por que no haya una base militar en Otari.

Ruth Rodríguez, presidenta del Frente de Lucha por el Desarrollo del Vraem, señaló a lamula.pe que el gobierno no quiere dialogar con ellos y ella considera que de continuar esto así puede desatarse un nuevo conflicto social. La dirigente afirmó que si bien están de acuerdo con la erradicación de los cultivos de coca, rechazan la militarización en Pichari porque allí se cultivan otros productos. “Las 100 familias que habitan estos terrenos subsisten cultivando cacao y no pedimos permitir que se nos expropien 476 hectáreas”, subrayó.

Para Freddy Limaco Carpio, representante de la comunidad de Otari, el aeródromo y la base aérea para operaciones logísticas son parte de los planes de EEUU para consolidar la militarización de la lucha antidrogas en Perú. “La expropiación del terreno es antidemocrática, ni siquiera nos han consultado. Allí, durante más de 50 años, estamos sembrando productos de pan llevar. Lo que pedimos es anular el decreto que da luz verde al aeródromo y que haya diálogo”, dijo a lamula.pe.

“Queremos que el gobierno negocie con nosotros, que somos los afectados. No queremos llegar a extremos como los de Bagua”, añadió.

Zona de emergencia

Los dirigentes denuncian además que la declaración de zona de emergencia es una forma de mitigar los reclamos de los campesinos. “Parece Vietnam -destacó Limaco- al referirse a la presencia de los militares”. Por su parte, Primitivo Ramírez, alcalde del centro poblado Puerto Mayo, contó a lamula.pe que hay represalias para quienes alzan la voz, para quienes discrepan con las autoridades que sí están de acuerdo con el aeródromo.

“Me han recortado los recursos -que son ínfimos-. Me han puesto una querella. Me siguen, me hacen reglaje. Todo porque reclamo”, dijo. Al igual que él, Ruth Rodríguez ha sido perseguida, hostigada. De hecho, no son los únicos.

Mientras tanto, el gobierno los ha recibido para dialogar. Y esta actitud -consideran- les hace pensar que el gobierno seguirá adelante con su proyecto. De ocurrir eso, estaríamos ante un nuevo conflicto social que -según lo indicado por estos dirigentes- podría desencadenar en violencia.

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