En la cárcel de Bojnord, ciudad ubicada al nororiente de Irán, Alireza M. fue condenado a muerte por tráfico de drogas. Luego de 12 minutos colgado de la horca, un médico certificó su fallecimiento.  

Al día siguiente, uno de los empleados de la cárcel, que se acercó a recoger su cuerpo para entregarlo a la familia, descubrió que todavía respiraba. Sin embargo, la felicidad que provocó la noticia en las dos hijas del hombre de 37 años se diluyó de inmediato.

Y es que para los funcionarios iraníes el veredicto no se ha cumplido. "Cuando un convicto es sentenciado a muerte, debe morir. Como no fue así, se considera que la sentencia no ha sido llevada a cabo y por eso debe repetirse", dijo el juez de alto rango Noroullah Aziz Mohammadi.

Apenas se recupere Alireza, quien se halla en un hospital local bajo vigilancia armada, será conducido a su segundo intento de ejecución.

Ante este terrible caso, Amnistía Internacional ha pedido clemencia al gobierno iraní y le ha solicitado que anule la condena. "Este hombre enfrenta el terrible futuro de un segundo ahorcamiento, después de haber pasado por todo ese calvario. Eso simplemente subraya la crueldad y la inhumanidad de la pena de muerte", dijo Philip Luther, director de Amnistía Internacional en el Medio Oriente y el Norte de África, en un comunicado de prensa.

“Según la Sharía [ley islámica], si alguien sobrevive a una ejecución, no debe de ser ejecutado de nuevo, y hasta donde yo sé nadie ha sido ejecutado una segunda vez”, indicó la abogada Farideh Gheirat consultada por la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán.

“No debemos considerar sólo la opinión de un juez. Aún no se ha anunciado nada definitivo sobre el asunto y tendremos que esperar”, añade Gheirat antes de mencionar que se ha procedido de ese modo en casos en que se ha roto la horca u ha habido otro tipo de incidentes.

Para muchos organismos de derechos humanos, Irán es, luego de China, uno de los países que tienen el mayor número de penas de muerte. Por delitos que van desde el asesinato y las violaciones, hasta el espionaje y el tráfico de drogas.

Entre los juristas iraníes se ha suscitado un debate respecto a Alireza. Por tratarse de un caso excepcional, un grupo de abogados ha firmado una petición al jefe del poder judicial, el ayatolá Sadeq Lariyaní, solicitando la suspensión del ahorcamiento.

Según Amnistía, al menos 508 personas han sido ejecutadas en Irán este año hasta la fecha. La mayoría de los muertos fueron condenados por tráfico de drogas, según AI.