El 12 de setiembre el Congreso aprobó la Ley de Delitos Informáticos, ley que pretende tipificar una serie de posibles delitos en la red y el uso inadecuado en menores de la internet. Esta iniciativa ha recibido muchas criticas por supuestas inconsistencias y ambigüedades, al punto de que Erick Iriarte, abogado especialista en TIC, afirma que es preocupante no saber por qué el Estado está tan interesado en aprobar la norma. 

“La arbitrariedad y la no claridad termina afectando. La prensa y la libertad de expresión pueden verse afectadas”, sostuvo el especialista en TIC. 

Sin embargo, uno de los asesores del Ministerio de Justicia que participó en la elaboración de la iniciativa, José Luis Medina, afirma que la ley busca aumentar las penas a los responsables de la interceptación telefónica que involucre al Estado. 

“No hay penas a la difusión, nadie ha planteado castigar a la prensa. Solo se ha hecho mayor la pena cuando la información es sensible”, afirmó al diario La República. 

Se dice que la ley también busca castigar hasta con seis años de prisión a aquel que "Introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos” que no sean de su poder, pero lo que la ley no dice es cómo valorar dicha información

Iriarte explica también que el Perú no se ha adherido a los últimos términos del Convenio de Budapest y no existe una idea global sobre lo que son las tecnologías de información, porque también se incluye el teléfono, gran tema de debate por la cantidad de interceptaciones telefónicas que hay a diario en nuestro país. 

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