Diálogo sin propuestas de solución concretas
Indígenas quechuas del Pastaza aún no se ponen de acuerdo con los responsables de los pasivos ambientales que deja cuatro décadas de explotación petrolera.
El pasado 9 de septiembre se inició el proceso de diálogo entre las comunidades indígenas del distrito de Andoas, Datem del Marañom, Loreto, y la empresa Pluspetrol para ver la compensación por el uso de tierras, la indemnización por los daños ambientales causados y la remediación de los pasivos ambientales tras 40 años de explotación petrolera.
La asamblea, organizada por la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), también congregó a representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo, representantes de la empresa Pluspetrol; sin embargo en esta ocasión no estuvo presente ningún representante del Gobierno Regional de Loreto, principal beneficiario de la recaudación del canon petrolero.
Durante la presentación, la Fediquep proyectó vídeos e imágenes de cómo los animales -que son la principal fuente de alimentación en la zona- se alimentan y beben agua de las colpas donde hay depósitos de petróleo. Ante las evidencias, los participantes de la asamblea -Estado y empresa- no pudieron negar el abandono del Estado y la ausencia de control y fiscalización ambiental.
En ese sentido, el representante de la PCM, Fernando Maceras, pidió disculpas a los pobladores en nombre del Gobierno, aunque resaltó que es la primera gestión que se preocupa por estos temas. Asimismo el funcionario señaló que se viene gestionando una reunión entre los apus de la zona y el primer ministro Juan Jiménez en Lima, pero que esto podría demorar por cuestiones de logística, ya que cada comunidad demanda la presencia de más de 10 dirigentes.
No obstante el presidente de Fediquep, junto con todos los asistentes, recriminó que si ellos no pueden ir a Lima, entonces el Estado debería acudir a la zona, pues es ahí donde se registra el problema ambiental. Aurelio Chino también expresó su preocupación porque el Estado “nunca haya esclarecido” las responsabilidades de la contaminación. Por este motivo demandó al gobierno central y a la empresa Pluspetrol asumir su responsabilidad de “indemnizar y compensar” a las comunidades.
“Estas son las condiciones en la que está nuestro territorio, los animales se alimentan en zonas altamente contaminado y nosotros consumimos día a día estos alimentos”, dijo.
Por su parte, Alfredo Zúñiga, gerente de Relaciones Comunitarias de la Pluspetrol, reconoció que existe una grave contaminación en la zona y enfatizó que es competencia del Estado y las autoridades determinar las responsabilidades de la contaminación y los pasivos ambientales.
A su turno, los representantes de la Defensoría del Pueblo manifestaron que el gobierno regional de Loreto no ha cumplido con las medidas acordadas sobre estos temas. También remarcaron que si bien el país necesita inversión privada, esta debe desarrollarse de una manera responsable “social y ambientalmente”.
Un punto importante de la agenda del diálogo es la compensación por el uso de tierra, el cual se encuentra en proceso de evaluación a las empresas propuestas por parte de la federación y la empresa, quienes estarán a cargo de la valorización de las tierras comunales para que se establezca el monto de la compensación (servidumbre) que deberá pagar la empresa.
Aurelio Chino sostuvo que con todas las pruebas de contaminación y la declaratoria de emergencia llegó el momento de que la empresa pague por toda la contaminación que ha generado, porque la contaminación existe y hay una emergencia ambiental, están todas las pruebas y ya se sabe quiénes generaron la contaminación”.
La PCM anunció que se están tramitando los fondos para que cerca de 40 apus acudan a nueva una reunión con el premier, Juan Jiménez en Lima. Los dirigentes exigen la presencia del presidente Humala en la zona afectada.
Dato: La Fediquep agrupa a 27 comunidades indígenas de la cuenca del Pastaza. En la asamblea, que durará hasta el 11 de este mes, se discute las medidas que han tomado el gobierno central y regional de Loreto tras la declaratoria de emergencia, en marzo de este año.
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