Este jueves, la Defensoría del Pueblo dio a conocer su último reporte mensual donde se registran, entre activos y latentes, 225 conflictos sociales.

Según el reporte se detectaron 10 nuevos conflictos, 8 de ellos de carácter socioambiental. Uno de los nuevos casos es el relacionado al Lote 88, donde intrervienen organizaciones indígenas.

En representación de los pueblos indígenas que serían afectados, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), y el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) se oponen a la ampliación de las operaciones de gas que afectarían la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nantis –RTKNN, en Cusco y Ucayali.

Anteriormente, la Defensoría recomendó al gobierno de Humala Tasso tomar en consideración las observaciones planteadas por el Viceministerio de Interculturalidad al proyecto de ampliación del Lote 88 de la empresa Pluspetrol.

Además, en el distrito de Ichuña (Moquegua), representantes de la comunidad de Santa Clara se oponen a la venta de territorito comunal para la construcción de una represa. En el centro poblado de Chota, distrito de Agallpamapa (La Libertad), pobladores y ronderos se oponen a las actividades mineras que pretende desarrollar la Sociedad Minera Trinity Peru S.A.C.

Por otro lado, el reporte informa de dos conflictos resueltos, ambos por asuntos relacionados a universidades. En Lima, estudiantes de la academia pre universitaria de la Universidad Nacional de Barranca exigían la realización del proceso de admisión y el nombramiento de la nueva Comisión Organizadora. El caso concluyó cuando la comisión organizadora informó que de los 237 estudiantes que aprobaron el curso del centro pre universitario, 57 de ellos se acogieron a la exoneración del pago por derecho de inscripción para el examen de admisión del semestre 2013-I y 178 de ellos no.

El segundo conflicto resuelto está ubicado en Apurímac, los estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) demandaban la instalación de una comisión para resolver asuntos relacionados a la gestión académica y administrativa, el conflicto se superó cuando se acordó la instalación de dicha comisión, siendo su tiempo de permanencia 7 meses pudiendo ampliarse a un mes adicional, debiendo cumplirse con los 10 puntos acordados en la reunión del 26 de junio.

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