El exfiscal supremo Avelino Guillén calificó de "torpe, irracional e irresponsable", la reunión entre representantes del Ejecutivo y el Poder Judicial con la jueza Carmen Rojjasi, encargada del Caso Chavín de Huántar, dónde se habría tratado una supuesta injerencia en su decisión final en dicho proceso.

Señaló que es muy difícil determinar que haya existido una falta por parte de los participantes (Juan Jiménez, Pedro Cateriano y César San Martín), pero que sí se habría vulnerado el principio constitucional de garantizar la independencia e imparcialidad de un juez.

"No encuentro en nuestro catálogo penal ningún tipo penal que se pueda aplicar, ni avocamiento indebido, ni abuso de autoridad. Lo que me parece que existe es una vulneración al principio que establece nuestra Constitución en el sentido de garantizar la independencia de los magistrados. Independencia y la imparcialidad es lo fundamental en un magistrado. Al igual que la honestidad y que el trabajo transparente me parece que es la cualidad fundamental de un juez. En la Convención Americana de Derechos Humanos claramente se establece la necesidad de garantía de independencia e imparcialidad. Y acá le acoto algo, justamente la CIDH está exigiendo que el caso de ejecución extrajudicial en esta operación sea juzgado, investigado y sancionado con absoluta independencia. Esta reunión es torpe, irracional, irresponsable, porque aun sabiendo el cuestionamiento de la Corte, se materializa", señaló entrevista a Rosa María Palacios para La República.

Sin embargo, reconoce que sí hubo una interferencia sobre la decisión de Rojjasi orientada hacia el interés del Estado.

"Nítidamente existió una interferencia, porque inicialmente se le plantea a la jueza diversos escenarios y se le va conduciendo hasta lo que se considera que es el escenario ideal para ellos, para el “Estado peruano” entre comillas. Y se le plantean en rigor 4 situaciones: Uno, la absolución de los procesados Montesinos, Huamán Ascurra, Hermoza Ríos y Zamudio; dos, la no existencia de una orden o de una planificación de los hechos; tres, la no existencia de un comando paralelo; y cuatro, la no existencia de una ejecución extrajudicial. Nos guste o no, los tres primeros requerimientos que se deslizan, que se esbozan en esta larga conversación, se cumplen por la jueza", explicó.

Evitó, por otro lado, opinar respecto a un caso en particular, ya que es gente que 'aprecia mucho'. "Para mí el magistrado San Martín es un símbolo en la justicia y yo siempre lo he mencionado. Es una persona que merece todo nuestro respeto, conozco de su honestidad y su trabajo, no de ahora, sino hace cerca de 30 años como juez".

Audios ante la corte

Respecto a la posibilidad de que los audios sean presentados como prueba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso que se le sigue al Estado Peruano por este caso, Guillén ha sostenido que dicha posibilidad es prácticamente inxistente, aunque explicó que primero debe determinarse el origen de las grabaciones.

"Hasta donde conozco se están manejando tres líneas de investigación. La primera es que uno de los participantes en la reunión fue quien grabó y ha proporcionado el audio. Una segunda es que esto se ha grabado a través de micrófonos instalados en el despacho judicial. Y tercero, que esto ha sido grabado por una organización externa, tipo BTR. Las investigaciones lo determinarán, pero los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que ver el origen de estos audios para ver si los admiten o no", sostuvo.