Luego de la repartija de cargos en el Congreso, miles de ciudadanos salieron a protestar los días 17, 22 y 27 de julio. En todos los casos, la respuesta del Estado fue enviar policías para lanzar bombas lacrimógenas, lanzar agua con rochabús y detener a los manifestantes. Ante ello, diversas organizaciones sociales denunciaron la represión policial y el uso abusivo de la fuerza.

En conferencia de prensa, Mario Huamán (secretario general de la CGTP), Rocío Silva Santisteban (secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacionadl de Derechos Humanos), José Saldaña (representante del Movimiento #TomaLaCalle), José Alfredo Madueño (Colectivo Lolo Fernández), Cruz Silva (abogada del Instituto de Defensa Legal), Winston Huamán (secretario general de la CGTE) y Miguel Picatoste (detenido el 27 de julio) pidieron se respete el derecho a la protesta y no se siga con la criminalización de esta manifestación.

Luego de las marchas, la CNDDHH elaboró un informe. A continuación, compartimos los puntos centrales de este informe:

1. La interposición de una denuncia preventiva contra Mario Huamán, por el simple hecho de convocar su organización a la marcha del 27 de julio, constituye una forma de hostigamiento incompatible con los principios de un régimen democrático.

2. Que resulta también contraria a la Constitución y a los derechos fundamentales la negativa del Ministerio del Interior a otorgar garantías a la marcha del 27 bajo la excusa totalmente arbitraria y etérea de que ésta movilización “contrapondrá el sentimiento cívico frente a los intereses gremiales” por darse en fecha cercana a Fiestas Patrias.

3. Aunque no se llegó al nivel de utilizar armas letales contra los manifestantes -como viene siendo habitual en provincias- se han recabado numerosos testimonios, fotografías y videos que evidencian que la policía usó la fuerza de manera injustificada, desproporcionada e indiscriminada, poniendo en riesgo no solo la integridad de las personas que se manifestaban pacíficamente, sino también de transeúntes, inclusive niños y ancianos, que nada tenían que ver con las movilizaciones.

4. El día 27, un grupo de personas aparentemente vinculadas con el partido aprista realizaron acciones de violencia que llevaron a la policía a hacer uso del material antidisturbios. Tal accionar por parte de los simpatizantes apristas no solo transgredió los límites de la libertad de reunión, sino que puso irresponsablemente en riesgo a los otros manifestantes.

5. El día 27 en la noche, un alto mando policial dio declaraciones en medios atribuyendo los actos de provocación que desataron el uso de la fuerza policial a los integrantes de la organización social “Colectivo Lolo Fernández”. Las fotografías, videos y declaraciones que hemos podido recabar contradicen claramente tal aseveración, por lo que el mencionado mando policial habría vulnerado el derecho al honor del “Colectivo Lolo Fernández” y debería retractarse públicamente.

6. Durante los días 22 y 27 se realizaron un total de 31 detenciones. En la mayor parte de los casos se trató de detenciones arbitrarias, ya que las personas afectadas solo estaban protestando pacíficamente, bailando, cantando, o exhibiendo carteles con lemas alusivos a las razones de la movilización. Debemos recordar que la policía solo está autorizada a detener cuando existe un mandato judicial o cuando el detenido es sorprendido en flagrante delito; protestar pacíficamente constituye un derecho y no una acción delictiva.

7. Se han recabado declaraciones y material gráfico que evidencian el carácter injustificadamente violento de varias de las detenciones llevadas a cabo los días 22 y 27. No podemos perder de vista que esto no se trata de algo nuevo sino de un modus operandi de la Policía Nacional del Perú para controlar movilizaciones sociales, situación que ha llevado en este gobierno a producir la muerte de 27 personas, incluidos menores de edad.