El diario británico The Guardian publicó una reseña sobre el Caso Perenco en el que resalta el papel del informe “El Caso Perenco: Expansión Petrolera y Pueblos Indígenas en la Amazonía” elaborado por la ONG CooperAcción.

En la nota se resalta que la explotación del Lote 67 a cargo de la petrolera anglo-francesa Perenco y la estatal vietnamita Petro Vietnam se ha retrasado hasta finales del año, según indicó el gerente de comunicaciones de Perenco, Nicolás de Blampré . Este retraso respondería a las controversias por los efectos del proyecto sobre la población indígena en aislamiento voluntario y la bíodiversidad de la región. 

Como se recuerda, este lote fue declarado comercialmente viable por el expresidente aprista Alan García quien a fines del 2006 indicó su intención de convertir al Perú en un exportador neto de petróleo. Incluso el entonces presidente de PerúPetro, Aurelio Ochoa, no dudó en denominarlo como el segundo descubrimiento más grande de la historia del país en materia energética luego de Camisea.

El consorcio Perenco se hizo cargo a inicios del 2008, pero la controversia se originó con sus recientes intenciones de perforar 185 pozos, así como de construir un gaseoducto de 207 kilometros para extraer unos 217 barriles de petróleo. En ese sentido, CooperAcción resaltó que se discute sobre los efectos en torno a los pueblos indígenas en aislamiento, sin embargo es necesario revisar el posible efecto negativo sobre los demás pueblos indígenas y el medio ambiente. Del mismo modo, el informe denuncia la violación de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la legislación internacional, como la consulta previa.

Sin embargo, de Blampré denfendió a la empresa señalando que Perenco respetó la legislación peruana vigente sobre los temas de participación ciudadana y consulta. De Blampré resaltó que habrían promovido procesos participativos con las comunidades llegando a firmar un Acta de Compromiso Social y Ambiental con las autoridades indígenas y el presidente regional en diciembre de 2012, materia que habría sido corroborado por el Tribunal Constitucional. El hombre de comunicaciones de Perenco también reclamó que la responsabilidad de garantizar el respeto de la ley corresponde al Estado peruano.

Para más información, lee la nota original de The Guardian.