La procuradora adjunta especializada en delitos públicos del Ministerio del Interior, Rosalbina Vilela, envió una cédula de notificación a la secretaria general de la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (UNASSE), Ana Lizárraga, notificándole una denuncia prevención ante los probables delitos públicos que ocasionarían las protestas a las que ha llamado la CGTP el 27 y 28 de julio.

La procuradora ha interpuesto una denuncia penal preventiva a Mario Huamán, secretario general de la CGTP; Clemente Huamán, secretario general del CITE; Antonio Cabrera, secretario general de CTE-Perú, y a los que resulten responsables por la presunta comisión de delitos contra el la seguridad pública.

La situación es contradictoria pues en las últimas semanas el Gobierno viene teniendo conversaciones con los sindicatos. Incluso, el jueves 25 la CGTP tiene una reunión con el Ejecutivo para, por fin, llegar a acuerdos sobre las exigencias de los trabajadores.

¿En qué términos puede darse un buen diálogo cuando las cabezas de las organizaciones son denunciadas de manera preventiva? Es probable que la movilización no haya sido parte del diálogo. Pese a eso, el gobierno les chanta una denuncia preventiva. ¿Entonces?

Los argumentos que presenta la denuncia es que las agrupaciones gremiales han llamado a una "Jornada Nacional de Lucha" para el 27 y 28 de julio y que podrían ocasionar desmanes en el orden público. Dice la resolución:

"Que, si bien es cierto, nuestra Constitución Política establece como derecho fundamental la libertad de opinión y expresión, (...) es cierto que acciones ilícitas como actos que puedan alterar no solo el orden y la seguridad pública sino también atentar contra la integridad física de las personas, son considerados delito en nuestro ordenamiento jurídico penal; por lo que conforme se advierte dicha Medida de Fuerza programado para los días 27 y 28 de julo constituye un acto de protestas que hace conjeturar posibles actos delictuosos"

Un diálogo entre el ejecutivo y los sindicatos bajo la sombra de estas medidas puede ser contraproducente para las conversaciones. Es difícil lograr acuerdos cuando existe una amenaza de empapelamiento. Es cierto que las manifestaciones deben ser pacíficas y los sindicatos están en todo el derecho de pronunciarse en el espacio público. Eso también los obliga siempre a mantener el orden público. Sin embargo, notificaciones como esta, más que prevenir probables delitos, azuza sentimientos de represión que los sindicatos rechazan tajantemente.

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Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales

Confederacion Nacional de Trabajadores Estatales del Perú

Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal

Confederación General de Trabajadores del Perú