Recientemente, el politólogo Carlos Meléndez señalaba que durante este bienio de gobierno de Ollanta Humala se han continuado el deteriorando de los componentes institucionales del régimen democrático. Según esta visión, no estaríamos frente a un régimen autoritario, pero sí a un gobierno que, por obra u omisión, corroe los mecanismos de “accountability” o rendición de cuentas, uno de los elementos más importantes en una democracia representativa.

Esta situación pareciese haber encontrado su punto culmen, hasta el momento, en la cuestionada elección y “repartija” partidaria de los miembros del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, provocando la protesta ciudadana y el cuestionamiento de la decisión desde algunos medios. Pero ¿qué significa este tipo de decisiones para una democracia precaria como la nuestra?

Una de las formas tradicionales y más conocidas de rendición de cuentas en una democracia representativa es, usted ya lo sabe, el voto. Las elecciones ayudan a los ciudadanos a premiar o castigar a sus autoridades por medio de la reelección, o no, en sus cargos. En el Perú, sin embargo, este mecanismo de control funciona con alcaldes, presidentes regionales y congresistas, cargos en los que la reelección es permitida, más no con el cargo de presidente de la República -funcionaría con un sistema de partidos-. 

¿Son las elecciones el único mecanismo de control?

El politólogo argentino Guillermo O’Donnell abordó en su obra uno de los temas vitales para la democracia y relevante, por su carencia, para América Latina: el “accountability horizontal”, la rendición de cuentas entre las instituciones democráticas, que refiere al control que existe gracias a la separación de poderes en el Estado. No se trata sólo de sus componentes “clásicos”, legislativo, ejecutivo y judicial, sino también de las instituciones autónomas contempladas en el orden constitucional como, precisamente, el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, en algunos países de América Latina los ejecutivos suelen ver estos contrapesos como limitaciones y, bajo determinados contextos, apuntan a socavarlos mediante estrategias directas -disolver Congresos o destituir magistrados- o “indirectas” como la politización de los puestos clave en esas instituciones. Ello no solo resiente los cimientos institucionales de la democracia, sino que se abre espacio para un menor control y castigo en casos de corrupción y decisiones arbitrarias por parte de los gobernantes.

¿El problema es la negociación y la democracia?

Vengamos de derecha o izquierda, nos cuesta asimilar que las posiciones maximalistas no son fructíferas dentro de este régimen político, cuando lo cierto es que estamos obligados a dialogar y negociar para encontrar puntos medios. Sin embargo, lo que critican los manifestantes es que esta "repartija” no es parte de un proceso de negociación ideal, sino reflejo de viejas mañas y contextos de dudosa calidad democrática. 

En ese sentido, el problema no sería que el Congreso escoja a los magistrados del TC, por ejemplo, sino que lo haga en función de cuántos miembros de su partido van a formar parte de esa terna. Es gracioso que algunos comparen lo “ideal” con un comportamiento “inocente”, mientras que la repartija sería parte de un comportamiento “natural” y racional de los congresistas. No siempre es así. Pero no podemos negar que la negociación, en sí misma, es fundamental para lograr acuerdos.

Para Martín Tanaka, la lección de estos nombramientos es importante: hay que tomar en serio la elección del Congreso, pues la correlación de fuerzas entre las bancadas se refleja en estas decisiones sobre temas delicados en un contexto que demanda negociación. Asimismo, resaltó que el cuestionamiento general se deposita en algunas personas que no cumplen con las características más idóneas para estos cargos, pero que -en comparación al contexto anterior con funcionarios interinos- la situación ha mejorado de forma significativa y por ello habría que tener expectativas menos pesimistas. Sin embargo, el Congreso podría quedar aún más desprestigiado que antes, y esto también debilita su rol de control sobre el Ejecutivo. 

Ahora bien, ¿debería preocuparnos esta situación?

Estos hechos no hacen de Humala un dictador. Pero si algo nos ha enseñado la historia reciente es que no debemos esperar a que el huevo reviente para saber si se trata de un pollo o una serpiente. En el largo plazo esto podría volver a pasarnos una factura tan grande como a finales de los años noventa con Fujimori.  

Quienes se oponen a esta situación evalúan distintos elementos, pero levantan una sola consigna: la institucionalidad democrática que tanto cuesta construir no puede desbaratarse tan fácilmente. Y sí, estamos de acuerdo en que la democracia peruana no trae los resultados de igualdad que quisiéramos y que es muy limitada, pero es justamente ese límite el que se busca hacer respetar. Y, por pequeño que parezca, eso ya es un gran reto.  

Es cierto que Humala aún no ha caído en el “decretismo” de su antecesor y sus pares en la región, pero dejemos de pensar en el corto plazo.  Contextos como este benefician a presidentes que eventualmente podrían intentar pasar sobre las instituciones que deberían hacerles contrapeso. Y esto sí debe preocupar a la ciudadanía, pues podría significa que los costos para que los gobiernos impulsen reformas, aún contra el orden constitucional, sean más bajos, o que las reformas que se desarrollan en estos contextos, tengan problemas “de nacimiento” y generen inestabilidad por su escaso debate, como advierten Steven Levitsky y Maria Victoria Murillo. ¿Recuerdan Bagua y la Ley de la Selva?

Fujimori o García no son los únicos paradigmas del “mal ejemplo” de debilitar o capturar las instituciones medulares de la democracia, los gobernantes de nuestros vecinos Venezuela, Argentina o Ecuador, también ponen su cuota. El color político no hace diferencia. Como señala Meléndez, esta situación no puede ser eludida por los “garantes” que optaron por Humala antes que por el fujimorismo, hoy más comprometidos con el modelo económico que con la consolidación de la democracia. Porque si algo sabemos de la política peruana es que es tan predecible como una tómbola.