La elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) es una historia plagada de tachas, triquiñuelas, acusaciones, renuncias y "cuoteos" políticos. La historia no comenzó con la cuestionada elección de ayer, sino que se repite cada vez que al Parlamento le toca elegir nuevos magistrados.

La foto que ilustra esta nota son las portadas de los diarios tras el acuerdo político al que se arribó con la terna de miembros para el TC en el 2007. 

Aquel Congreso presidido por la aprista Mercedes Cabanillas soportó un escándalo de similares proporciones al que padece en la actualidad el Parlamento.

Aquella vez los elegidos fueron: Gerardo Eto Cruz, Vladimir Paz de la Barra, Luis Augusto Alarcón Quintana y Jesús Ríos Castillo.

Éste último tuvo que renunciar a la designación tras revelarse una foto en la que se le observaba almorzando con Agustín Mantilla y López Meneses, operador de Vladimiro Montesinos. Luego el jurista se retractó y presentó una acción de amparo que, finalmente, no prosperó. 

El escándalo alcanzó el mismo nivel de indignación que el presenciado ayer en las calles del centro de Lima. El Congreso, no tuvo otra alternativa: anuló la elección.

"Anticuchos" pasados

Si el TC ha brillado en los últimos años ha sido por su descrédito. La revista "Hildebrant en sus Trece" publicó, el año pasado, un artículo recogiendo las declaraciones de César Landa Arroyo, ex presidente de este organismo.

En el artículo de la citada revista, Landa recuerda que se terminó de “coaptar al tribunal” con la designación de los magistrados Ernesto Álvarez Miranda, Gerardo Eto Cruz Y Fernando Calle Hayen. 

Estos magistrados que reemplazaron a Ríos Castillo y compañía fueron pieza clave para declarar prescrito el caso El Frontón en el 2008, en el segundo mandato de García. 

“Muchas de las sentencias en el último período se dictaron al unísono de las demandas o de las presiones gubernamentales del gobierno 2006-2011 y de los poderes fácticos de turno, como el eclesiástico, militar, empresarial entre otros”, escribe Landa en su libro "Los votos singulares de la jurisprudencia del tribunal Constitucional del Perú".

A Landa no le falta razón. También el año pasado se difundió un vídeo que daba cuenta de un almuerzo, en el restaurante "Brujas de Cachiche", entre los actuales magistrados del TC, Carlos Mesías, Geraro Eto Cruz y Óscar Urviola con los abogados Natale Amprimo y Augusto Ferrero ligados al Arzobispado, cuando se debatía un litigio entre la Iglesia y la Pontificia Universidad Católica. Una reunión que puso en entredicho la imparcialidad e independencia de los magistrados.

“Muchas de las sentencias en el último período se dictaron al unísono de las demandas o de las presiones gubernamentales del gobierno 2006-2011 y de los poderes fácticos de turno, como el eclesiástico, militar, empresarial entre otros”, escribe Landa en su libro "Los votos singulares de la jurisprudencia del tribunal Constitucional del Perú".

Otras sentencias cuestionadas de este TC han sido: la que favoreció al prófugo ex dueño de Panamericana Televisión, Ernesto Schütz Landázuri; la que acogió el pedido del ex ministro fujimorista Walter Chacón Málaga y la resolución que determinó la excarcelación de Alberto Quimper.

"Anticucho" fresco

Recientemente, esta institución publicó un nuevo fallo, a todas luces polémico, que ordenó al Estado peruano ejecutar el pago de los bonos de la reforma agraria. 

Honrar las deudas es una obligación moral y legal más si se trata del Estado, sin embargo, los pormenores del fallo abren serias dudas sobre la imparcialidad del tribunal.  

Oscar Urviola, actual presidente -quien se mantendrá en el cargo, pues fue elegido en el 2010 y su período vencerá recién en el 2015- dio un voto decisorio (es decir, su decisión valió el doble) en este caso. 

El magistrado ejerció su derecho, empero, existía un evidente conflicto de interés, pues Urviola fue gerente y también apoderado del Banco de Crédito, institución que adquirió un importante porcentaje de dichos bonos. Pero hay más.

El TC se pronunció a raíz de una demanda formulada aparentemente por el Colegio de Ingenieros del Perú. Aunque declaró infundado el  pedido de este colegiado, resulta que según el decano de dicha institución, Carlos Herrera Descalzi la solicitud para ejecutar la sentencia -que data del 2001- provino de una persona que usó el nombre del gremio. “Nuestros libros no registran ningún acuerdo”, apuntó. En este fallo hay algo que huele mal.

La peor de las elecciones

Antes del reparto político que hicieron las bancadas de los candidatos - ya comprobada con el audio difundido-, el proceso echó las bases para que ésta se cristalizara. Los partidos con mayoritaria parlamentaria (nacionalismo, fujimorismo y Perú Posible) acordaron realizar una invitación directa a los posibles candidatos, en vez de una convocatoria abierta. 

De este modo, en vez de una comisión evaluadora, la Comisión Especial que presidió Víctor Isla, se convirtió solo en una más discreta y conveniente seleccionadora, so pretexto de acelerar un proceso estancado por dos años.  

A estas alturas, las fuerzas políticas hablar de modificar el mecanismo de elección, y esta discusión encierra subrepticiamente el mensaje: pasemos de página. Habrá que esperar para saber si consiguen su objetivo.

Con esta maniobra evitaron la publicación de las hojas de vida y las entrevistas que antes pasaban los candidatos, y eludieron explicar los criterios que usaron para incluir o excluir a los potenciales seleccionados. 

Además, la singular alianza entre fujimorismo, nacionalismo y Perú Posible acordó que la lista elegida se vote en bloque y no candidato por candidato -como se solía hacer- alterando el Reglamento del año 1995 (Resolución 031-95-CCD) emitido por el Congreso Constituyente Democrático.

El tribunal con más sombras que luces tendrá que dirimir sobre importantes temas como el pedido del exalcalde Luis Castañeda Lossio de ser retirado de la investigación del caso Comunicore, los pedidos de inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Civil y el Servicio Militar, homologación de sueldos de jueces y secretismo en las compras militares.

Al cierre de esta nota, las fuerzas políticas, pese al pronunciamiento del propio presidente de la República, hablaban de modificar el mecanismo de elección para futuras oportunidades, y de manera subrepticiamente se colaba el mensaje: pasemos la página. Habrá que esperar para saber si consiguen su objetivo.