En el comunicado se señala que el “cuoteo” político desprestigia estas instituciones, las que consideraron como vitales para el régimen democrático peruano por velar por el respeto de los derechos fundamentales y la vigencia del orden constitucional. Los firmantes rechazaron las candidaturas de Pilar Freitas y Rolando Sousa, así como criticaron duramente la lógica de “repartija” que impera entre los grupos parlamentarios.  

Con respecto a la candidatura de Rolando Sousa, el comunicado señala que es inaceptable su postulación como miembro del Tribunal Constitucional por haber justificado la violación del orden constitucional en el autogolpe de 1992, proceso que dio paso a un gobierno acusado por corrupción y violaciones contra los derechos humanos. 

Asimismo, el comunicado llama la atención sobre la candidatura de la peruposibilsta Pilar Freitas al cargo de Defensora del Pueblo pues ha sido cuestionada por obstaculizar la investigación en el caso de las firmas falsas contra su partido, así como haber defendido a los jueces acusados por Susana Higuchi por favorecer al ex presidente Fujimori en un litigio por el dinero prestado para la campaña de 1990.

La carta hace eco de la preocupación ciudadana por la presentación de candidaturas definidas por vínculos políticos antes que por cualidades éticas y profesionales. Asimismo se señala que el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo deben estar conformados por personas con una trayectoria intachable y que hayan demostrado su vocación democrática de respeto a la Constitución y los derechos humanos. 

Por otro lado, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, señaló que los antecedentes de Sousa sugieren el uso de su cargo público para gestionar intereses a favor de su estudio legal, por lo que el lunes su institución presentara una tacha contra esta candidatura ante el Congreso.

Fuente: La República