Pese a que el Ministerio de Salud (Minsa) ratificó su decisión de aplicar la ley, proteger los derechos de los usuarios y pacientes y declarar la huelga de médicos programada para el 16 de julio como ilegal, César Palomino, presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), lo tomó sin mayor sorpresa y ratificó que la medida va de todas maneras en caso que no se cumpla con los aumentos salariales prometidos.

"Tenemos un acta avalada por resolución ministerial, en donde se confirma que este mes de julio, con firma de la ministra de Salud, debe empezar el incremento de remuneraciones en el marco de la nueva escala de salarios. Si esto no se cumple, qué mayor legalidad y legitimidad para hacer una huelga que el incumplimiento de una ministra de Estado", sostiene Palomino en demanda a un incremento de sueldos y mejoras laborales.

Cabe resaltar que en las anteriores huelgas, hubo sanciones para los médicos que salían a las calles a protestar, sin embargo "al final se levantan porque en el momento que lleguemos a un buen puerto, ese punto también entra en materia de negociación. No se va a levantar la huelga si hay un solo colega despedido, sancionado".

El Minsa se pronuncia

La ilegalidad de la huelga fue decretada debido a que la directiva de ese gremio carece de legitimidad, según informa la resolución ministerial 409/2013 publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 

La norma señala que, de acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la vigencia de la directiva de la junta nacional de la FMP concluyó el 17 de febrero del 2013, por lo que actualmente no tiene validez. "En este sentido, se ha acreditado la falta de legitimidad de la Junta Directiva de la Federación Médica Peruana, toda vez que sus miembros no cuentan con la inscripción ante el organismo competente", apunta el documento. 

Añade que a quienes participan de la huelga serán sujetos de sanciones administrativas, según la gravedad del caso, como la amonestación verbal o escrita, la suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días, el cese temporal sin goce de remuneraciones mayor a 30 días y hasta por doce 12 meses, y finalmente la destitución.

Pese a este grave dictamen, César Palomino, sostuvo que la junta que preside sí tiene legitimidad, porque en la asamblea nacional de febrero pasado se decidió la ampliación del mandato para concluir las negociaciones. 

Fuente: Andina, Correo

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