La aprobación de la Ley del Servicio Civil ayer por el Congreso de la República marca el inicio de una nueva etapa en el aparato estatal, una de las principales reformas que promueve el gobierno de Ollanta Humala.

El proceso de aprobación de la norma estuvo acompañado de protestas en las principales ciudades del país. La falta de información del Ejecutivo, y las observaciones al capítulo laboral del proyecto de ley, alimentaron la movilización de los empleados públicos, cuyas principales consignas delataban el extendido temor a que las evaluaciones sean el primer paso a una ola masiva de despidos en el sector.

De acuerdo a la ministra de trabajo, Nancy Laos, la ley busca el reordenamiento del sistema público, basado en una decisión libre de los trabajadores para optar por el nuevo servicio civil. "(El servicio civil) es un tema de carácter voluntario, no impositivo. El tema de la voluntariedad está desde el inicio en la norma. No se quiere imponer a los trabajadores el paso a esta nueva carrera del servicio civil sino que ella sea el producto de la reflexión del trabajador y que visibilicen los aspectos positivos", señaló Laos a la televisora RPP.

Laos se mostró confiada en que los trabajadores optarán por el cambio cuando evalúen los beneficios que implica la nueva norma y anunció conversaciones para generar 'un gran acuerdo' entre su sector y los trabajadores. "Vemos beneficios altamente tangibles en el cambio y por eso es que pensamos que los trabajadores CAS, que tienen beneficios recortados, y que representan al 40% del Estado, sí optaría por el servicio", señaló. Como se sabe el CAS es una modalidad contractual de la Administración Pública, privativa del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no autónoma.

El presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Juan Carlos Cortés, intenta despejar el principal temor de los trabajadores: ser despedidos. Cortés asegura que no se efectuarán despidos masivos porque el fin de la norma es "reorganizar el Estado, más no achicarlo", aunque no negó que la salida de empleados sea una consecuencia 'excepcional' del proceso de evaluaciones.

"Se ha establecido candados especiales para que si esto se da sea de manera excepcional y debidamente fundamentada, con una norma de mas alto rango dentro del propio sector y dos informes previos antes de proceder(...) Lo que la ley va a hacer, y tiende a eso, es que en el puesto determinado va a estar la mejor persona", manifestó.

Efectivamente, el Gobierno insiste en el carácter meritocrático de la norma y en la posibilidad de capacitarse que tendrán aquellos trabajadores que no superen las evaluaciones a las que serán sometidos para comprobar su desempeño.

El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, descartó que esta reforma "repita la historia de los años noventa", en la que los despidos masivos fueron una constante. “Esta es una ley que procura la meritocracia, que procura el servicio, no es una ley de evaluaciones como se hizo en el pasado. No vamos a repetir la historia de los 90’ cuando se despidió a miles de trabajadores públicos“, sostuvo Jiménez en el hemiciclo, tan solo minutos después de aprobarse la ley.

Sin embargo, voces como las de la congresista Rosa Mavila señalan que el riesgo al despido arbitrario existe, y siempre está latente la posibilidad de hacer crecer el aparato estatal con 'puestos de confianza' de gente que no precisamente está bien capacitada para ello.

"Javier Diez Canseco decía en el debate de la reforma magisterial que lo racional es primero capacitar y no primero evaluar y, con el riesgo del despido, capacitar. Siempre estará vigente la presunción de un despido arbitrario(...) Se crea una burocracia dorada, que no se somete a los parámetros de leyes de austeridad. En cada repartición pública podrá haber hasta cincuenta puestos de confianza, es lícita la presunción de que quieren meter gente", argumentó la integrante de la bancada Acción Popular-Frente Amplio.

Ahora, la norma queda pendiente del refrendo del Presidente de la República, quien recientemente señaló a la prensa extranjera que la ley del servicio civil es la reforma que más interesa a su gestión. A espera de ello, los sindicatos del sector público saldrán a las calles mañana jueves 4 de julio. SI bien la jornada, que cuenta con el apoyo de las organizaciones de izquierda y la central sindical peruana, está programada desde hace varias semanas, la decisión del congreso hace suponer que las manifestaciones optarán por una performance más radical.

Mientras tanto, sectores de oposición han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la norma, algo que a la ministra Laos 'no le preocupa'. "No me preocupa porque hemos consultado con expertos constitucionalistas y nos han garantizado que la norma no tiene problema inconstitucional, sobre todo en la aplicación de los convenios internacionales".