Ya lo habían anunciado. Los estudiantes cumplieron su promesa de radicalizar sus movilizaciones a tan solo cuatro días de las primarias presidenciales del domingo. 

Así, decenas de barricadas, fogatas, bombas molotov, junto con el sonido de las escopetas que la policía utiliza para disparar gas lacrimógeno estremecieron la noche de ayer en la capital chilena. Fue la cuarta jornada de protesta estudiantil del año en demanda de una mejor educación, gratuita y de calidad, que además, contó por primera vez con el apoyo de trabajadores del cobre y portuarios -quienes temporalmente bloquearon el acceso a minas y puertos durante la mañana-.

La reacción del ministro del Interior, Andrés Chadwick, no se hizo esperar. “Son violentistas que han actuado en forma coordinada”, acusó el secretario de Estado, quien anunció querellas y pidió a los organizadores de la marcha a controlar a los manifestantes encapuchados y marchar de manera pacífica. Sin embargo, eso no sucedió y desde las 13:00 se desataron decenas de actos vandálicos.

Con destrozos de paradas de autobuses y saqueos de locales comerciales, los enfrentamientos terminaron alrededor de las 18:00 con un saldo de 16 detenidos, según un informe de carabineros, además de una decena de estudiantes y policías heridos.

Además, tras la multitudinaria marcha, algunos jóvenes se situaron en esquinas estratégicas y cerca de los establecimientos educacionales encendiendo inmensas fogatas. A pocas manzanas del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, unos 30 alumnos incendiaron un microbús de la locomoción colectiva. En Valparaíso, ciudad situada a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago, también se repitieron situaciones similares a las ocurridas en Santiago.

Los organizadores de la marcha condenaron el vandalismo y señalaron que habían participado unas 100.000 personas. “Con el respaldo de los trabajadores portuarios y los cobre en Chiquicamata y El Teniente [los yacimientos mineros más importantes del país], hoy quedó confirmado que las demandas no son sólo de los estudiantes, sino que de toda la sociedad”, afirmó Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), la más importante del país.

El presidente Sebastián Piñera condenó los actos de violencia y anunció que en los próximos días enviará al Congreso “un proyecto de ley que establece la identificación preventiva en casos de desórdenes públicos o de marchas masivas”.  La medida permitiría identificar a los manifestantes sin sin necesidad de que estén cometiendo un delito flagrante.

El objetivo de los manifestantes: conseguir una  “educación gratuita de calidad” y poner “fin al lucro”. La crisis de la educación pública chilena comenzó en 2006 con los estudiantes de enseñanza secuandaria como protagonistas y se trasladó en 2011 –con Camila Vallejo como principal figura– a las universidades.

En el contexto de las elecciones, las peticiones de los estudiantes son una pieza clave para los candidatos presidenciales.  En abril, ex jefa de Estado Michelle Bachelet afirmó que buscará la gratuidad de la educación. “Es el momento de cambios estructurales (…) El primer proyecto que voy a enviar al Congreso pondrá fin al lucro y avanzará en la gratuidad de la educación en todos sus niveles”, señaló la expresidenta. Sin embargo, días después precisó que los estudiantes procedentes de familias de altos ingresos deberán costear sus estudios: “Personalmente, creo que yo puedo pagar la universidad de mi hija. Esa es mi opinión personal”. 

Las declaraciones de Bachelet abrieron el debate en materia educativa. Y, aunque estudiantes mostraron su desconfianza hacia la expresidenta, según las encuestas, sería la vencedora, luchando con Andrés Allamand o Pablo Longueira, los precandidatos oficialista, el 17 de noviembre.

A continuación una serie de fotografías de las marchas publicada en el diario chileno Ciudadinvisible.cl:

Con información de The Clinic, Ciudadinvisible.cl, El País, Agencias