La llama de las protestas no se apaga. Ayer surgió un hecho nuevo en la convulsa  indignación de los brasileños: comenzaron a unirse a las manifestaciones las gentes pobres de las favelas, hasta ahora testigos de un malestar procedente, principalmente, desde los sectores de clase media. Y lo hacen tras la confusión del lunes generada por la  intervención del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) en la favela Nova Holanda, que se saldó con la muerte de al menos nueve personas.

Así, mil personas de la Rocinha, una de las favelas más emblemáticas de Río,  bajaron hasta el exclusivo barrio de Leblón de manera pacífica y acompañados por 350 agentes de policías que no tuvieron que hacer uso de la fuerza -a pesar del miedo de los vecinos de Leblón-. A la marcha se unieron unas 1,500 personas procedentes de otras favelas para finalizar frente a la residencia del gobernador de Río, Sérgio Cabral.

Desmintiendo las afirmaciones del gobierno sobre las diferentes obras sociales que se llevan a cabo en la favela de la Rocinha, destino turístico internacional, sus vecinos denuncian sus pésimas condiciones de vida, exigiendo mejoras principalmente en el ámbito de la salud y educación. Además, los indignados critican el retraso en las obras programadas en la comunidad.

“Cuando Dilma estuvo en la favela nos prometió mejoras en las infraestructuras de sanidad pública, y no se han realizado; la guardería no funciona, y en el puesto de salud pública la atención a los enfermos es pésima”, indicó una joven al diario El País.

Durante la marcha recordaron a las nueve víctimas mortales de la actuación policial en Nueva Holanda. La política de seguridad en Río, a partir de la implantación de las Unidades Policiales de Pacificación (UPP) en las favelas, siempre ha estado envuelta en la polémica. En la actualidad, más de 8,300 policías han sido movilizados con 32 unidades. El costo anual: unos 156 millones de euros, informa Reuters.

Pero una de las mayores críticas radica en los criterios de distribución. Muchos se plantean si el objetivo real es crear un "cordón sanitario" que mantenga 'a salvo' las áreas turísticas de Río y los centros deportivos de cara al Mundial y las Olimpiadas, que realmente atajar el problema de la violencia.

Así, según información del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río, zonas del norte y oeste de Río no se han tomado en cuenta para el ambicioso programa policial, a pesar de que presenta los índices más altos de violencia y muertes de la ciudad.

Y es que, ¿realmente benefician estos macroeventos deportivos a los brasileños? A pesar de las declaraciones del representante de la FIFA, que asegura que el país se beneficiará de los gastos para la Copa del Mundo de 2014,  las cifras hablan por sí solas.

Las pancartas de los manifestantes ya advertían los criticados gastos para el Mundial, contrastados con la falta de mejoras en la infraestructura del país. Por el momento se han gastado 27,400 millones de reales en la Copa (12,200 millones de dólares) y la previsión actual del costo total es de 33,000 millones (14,700 millones de dólares), cantidad cercana al presupuesto federal en educación para este año: 38,000 millones (16,900 millones de dólares), informa Agencia Pública.

Una priorización de recursos que los ciudadanos cuestionan en sus protestas, así como la concentración de dinero público en la construcción de estadios, que en su mayoría quedarán el olvido una vez que termine el evento. Y podríamos continuar con múltiples ejemplos. 

Ahora, el despertar de la favela en la protesta nacional puede asustar a la clase política y desmiente la errónea idea de que, a pesar de los gobiernos benévolos e inclusivos de Lula y Dilma, no formarían parte de las marchas ¿Cuál será el siguiente paso del pueblo brasileño?

Con información de Agencias, El País, Agência Pública, Público.es

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