La mayor ola de protestas de las últimas dos décadas que sacude Brasil desde la semana pasada y que se repitió ayer en Sao Paulo -con unos 50.000 manifestantes- podría pasar factura, no solo al gobierno de Dilma Rousseff sino también al sistema político. 

El pueblo brasileño tuvo que esperar hasta ayer para escuchar las declaraciones de la presidenta sobre sus reclamos. Rousseff indicó que "la voz de la calle tiene que ser escuchada" prestándose a considerar las reivindicaciones de movilizaciones que "superan los mecanismos tradicionales de las instituciones, partidos políticos o sindicatos".  

Sin embargo, ¿sus declaraciones serán suficientes para calmar al pueblo brasileño? Las multitudinarias protestas revelan un malestar social generalizado que se refleja en las encuestas. El apoyo al gobierno cayó ocho puntos porcentuales entre marzo y principios de junio y se situó en 55%, mientras que la tasa de aprobación personal de la mandataria cayó del 79 al 71%, según un sondeo de Ibope difundido hoy. Así, un 32% considera "regular" al régimen y un 13% lo califica de "pésimo". 

Las protestas, que se iniciaron como una marcha por la subida del precio en el transporte público, derivaron en una reivindicación en contra de la pésima calidad de los servicios, la corrupción, la inflación, la violencia policial y un sinnúmero de asuntos. Así, el 57 % de los entrevistados dijo "desaprobar" la forma en que el gobierno intenta contener la inflación, que en los primeros cinco meses de este año ya acumula un 2,88 %. Por ello, aunque los ayuntamientos de seis ciudades -Recife, Joao Pessoa, Porto Alegre, Cuiabá, Blumenau y Montes Claros- anunciaron hoy que rebajarán las tarifas de transporte público, parece que se necesitarán más medidas para contentar al pueblo brasileño.

Como consecuencia, las marchas obligarán a los partidos políticos a revisar las estrategias para la campaña electoral de 2014, informa el diario de S. Paulo. Las protestas, desarrolladas al margen de los líderes políticos, demuestran que el Movimiento Passe Libre -que organiza las marchas- podría apoyar a los sectores que buscan la participación directa en las decisiones y no solo a través de representantes de los Poderes Legislativo o Ejecutivo. 

Por ello, expertos consultados por el diario brasileño indican que las protestas no tienen como objetivo la presidenta Dilma Rousseff, sino que, por ejemplo, presentan ataques contra el Palacio de Bandeirantes, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro o la toma de la Prefectura de la capital.

"Estamos viendo señales de que las personas están tomando las calles diciendo: Queremos que nuestras demandas sean escuchadas. La gente no sólo quiere oír, sino a ser escuchada", dijo el politólogo Peter Fassoni Arruda, profesor del departamento de política en la Universidad Católica de São Paulo.

Por su parte, el periodista Denise Paiero, profesor de la Universidad Mackenzie y estudioso de las diferentes formas de protesta social, indicó que los partidos tendrán que hablar con una nueva generación de jóvenes que está en las calles y escucharlos. "Las partes deberán revisar las políticas y alianzas forma de diálogo con la población", indicó en el diario de S.Paulo.

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