"La Consulta es una herramienta. Sola es insuficiente. Por ello, no tiene sentido hacer la Consulta si por otro lado se están flexibilizando los controles ambientales. Es como una mesa que tiene una pata coja. No va a funcionar", señaló el abogado La Rosa.

El abogado de IDL criticó que cierto sector del empresariado piense que con la Consulta se les ha dado "demasiado derecho" a los pueblos indígenas. "Hay algunos sectores que quisieran que se retrocediera en este tema. Hace poco el expresidente de Perupetro, Daniel Saba, dijo que la Consulta Previa es una ilusión romántica y que no se perdería nada sin ella. Creo que ese es el pensamiento de algunas personas. Creen que se les ha dado demasiado derecho a quienes no deberían haberlo tenido, así razonan ellos", manifestó.

Por su parte, la abogada Leyva, señaló que la Consulta "es un proceso de diálogo en el que los pueblos indígenas pueden dar su opinión, pueden dar propuestas" y que "hay mucho temor de la industria que no le permite ver más allá, sobre los beneficios que puede tener para una convivencia pacífica".

"Hay una desidia del sector correspondiente para implementarlo. Es que resulta una papa caliente aplicarlo en determinados rubros o sectores relacionados a temas extractivos. En Loreto se va a realizar la consulta previa sobre el tema de la demarcación, donde todo está de un modo consensuado, no va a generar ningún conflicto. En general, donde se espera que se haga es en lugares como en el Lote 192, donde los pueblos han dicho estar dispuestos a hacer el proceso de Consulta, pero exigen que se resuelvan problemas anteriores como la remediación de pasivos ambientales", señaló La Rosa.

EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN RIESGO

Además, los abogados criticaron el Decreto Supremo 54, por el cual se pone en riesgo el patrimonio arqueológico ante los proyectos de inversión privada. "No hay base de datos sobre restos arqueológicos, por eso una irresponsabilidad en lo que está haciendo el gobierno. Los certificados van a salir y el que está perdiendo es el país. Lo que se está poniendo en riesgo es el patrimonio, en un país como el nuestro, lleno de riqueza milenaria", manifestó la abogada Leyva.

RESPUESTA SOCIAL

"Tenemos que activar algunos mecanismos para contrarrestar toda esta campaña gubernamental y empresarial para flexibilizar controles y afectar derechos. Hay que promover que las organizaciones planteen el tema, hagan las protestas, o medidas legales necesarias. Se han cumplido 4 años de los sucesos de Bagua, que fueron por un cambio normativo. Ahora, la situación es parecida" , señaló La Rosa.

En otra parte del programa "El Arriero", los especialistas comentaron el paquete de medidas que pretende ejecutar el gobierno en relación a los EIA y al SENACE.