El sábado último, el grupo mediático Radio Programas del Perú -RPP difundió un audio grabado por el reo Alberto Fujimori, en el que éste dice cumplir los requerimientos necesarios para que la solicitud de indulto presentada por sus familiares obtenga una respuesta positiva del Presidente Ollanta Humala.

A las reacciones de políticos, abogados y familiares de las víctimas de los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, se sumó desde el lunes la respuesta de las autoridades penitenciarias peruanas, que anunciaron la apertura de una investigación administrativa.

La investigación estaría destinada a determinar si la grabación fue hecha en DIROES, donde el ex dictador purga prisión, o si fue realizada durante su reciente estadía en la Clínica Centenario. El médico personal de Fujimori, el congresista Alejandro Aguinaga ha llegado a afirmar que lo fue una llamada desde un teléfono público.

Por su parte, la Fiscalía de la Nación ha informado que si la investigación administrativa del Instituto Nacional Penitenciario-INPE establece faltas de naturaleza penal en la acción de Fujimori, podría abrir a su vez una pesquisa.

Las autoridades no han adelantado qué clase de sanción pesa sobre Fujimori de probarse que cometió una falta al grabar y lograr la difusión de un mensaje en el que refiere a sus condiciones de salud y carcelarias.

En el pasado, reclusos polémicos, como Antauro Humala o Elena Iparraguirre recibieron sanciones por difundir declaraciones sin autorización. 

Humala, hermano del actual mandatario, preso hoy en el penal Virgen de la Merced por su participación en un levantamiento armado en 2005, grabó en video un mensaje con su evaluación política del gobierno peruano, dirigido a sus partidarios etnocaceristas, que esa misma semana se reunían en un congreso. El material fue mostrado en televisión por el programa "Reporte Semanal", y tras una investigación para determinar si fue grabado en su centro de reclusión (entonces el Penal Piedras Gordas) o durante una diligencia judicial, Antauro fue sancionado con 15 días en una celda aislada.

Similar suerte corrió en setiembre de 2012 Elena Iparraguirre -segundo mando de la sanguinaria organización maoísta Sendero Luminoso- al responder sin permiso a un cuestionario para la revista británica The Economist. La "camarada Miriam" fue trasladada del penal de mujeres de Chorrillos al penal Virgen de la Merced

Este nuevo capítulo de la búsqueda del indulto fujimorista tiene su más cercano antecedente en el pedido que en noviembre de 2012 el propio Fujimori hizo, de puño y letra, de ser entrevistado por el periodista Raúl Vargas, de RPP. 

En esa oportunidad, INPE le negó tal posibilidad, indicando que el procedimiento reglamentario para permitir entrevistas a reclusos no había sido observado por Fujimori, y que su caso no sería una excepción a la política institucional de no autorizar declaraciones a la prensa.

Por entonces, el abogado Ronald Gamarra, que llevó los casos contra Fujimori, consideró que la prohibición era "una limitación inaceptable de la libertad de expresión" y que el pedido de ser entrevistado por "un medio amigo" era muestra de que la posibilidad del indulto "se había caído". 

Si bien parece haber margen para interpretar que Fujimori no concedió una entrevista, sino que difundió un mensaje -formato que no está en estricto comprendido en el reglamento de INPE- el video de Humala y el cuestionario escrito de Iparraguirre, por los que ambos merecieron sanción, podrían considerarse precedentes. 

El caso es que hoy, la posibilidad del indulto sigue latente y a ello se aferran Fujimori y sus partidarios. Por mi parte pienso que es muy natural que el pedido de indulto de Fujimori sea un mensaje grabado. Muy natural en un presidente que renuncio por fax.