Hoy miércoles desde las 6 de la tarde se realizará un plantón en el frontis del Poder Judicial, en Lima, en protesta ante la posible liberación de uno de los condenados por la desaparición de Ernesto Castillo Páez, ocurrida en 1990 y juzgada en el 2006.

Dos de los cuatro policías condenados como responsables de dicha desaparición gozan actualmente del beneficio penitenciario de semi-libertad, mientras que un tercer condenado, el ex- coronel  PNP Juan Carlos Mejía, ha solicitado el mismo beneficio, por el que espera audiencia para este 23 de mayo.

En el juicio de 2006, el ex Coronel Juan Carlos Mejía fue hallado responsable del operativo para detener y desaparecer a Ernesto Castillo Páez y fue condenado por ello a 16 años en prisión, De acuerdo al abogado de la familia de la víctima, Carlos Rivera, existe una declaración del propio Mejía al psicólogo del INPE, en la que reconoce su culpabilidad en la desaparición del estudiante de la Universidad Católica.

Por este caso también se condenó a los policías Manuel Arotuma, Juan Aragón y Carlos Depaz, quienes recibieron cada uno quince años. Sin embargo, Arotuma y Aragón recibieron el beneficio de semi-libertad sin cumplir siquiera la mitad de su condena, pues se encuentran fuera de prisión desde febrero y julio de 2012, respectivamente.

"Estoy muy decepcionado de la justicia en el Perú. Cómo es posible que cuando todavía no se ha terminado la investigación empiecen a salir en libertad los culpables sin ni siquiera culminar su condena en prisión", ha dicho al diario La República Cronwell Castillo, padre de Ernesto Castillo Páez, a quien este caso convirtió en incansable activista de la causa de las más de 10 mil víctimas de desaparición forzada en el Perú.

La familia de Ernesto Castillo Páez nos llama hoy a defender la justicia obtenida en 2006, tras 16 años de perseverar ante decenas de autoridades públicas que negaron la detención de su hijo y recurrieron a toda clase de maniobras para cerrarles el paso, como ocurrió cuando se anuló ilegalmente la sentencia de hábeas corpus, o cuando se archivó el primer proceso judicial que entablaron por este crimen ocurrido en 1990.