Dos años después de que se desatara en la central de Fukushima la peor crisis nuclear desde Chernóbil, Japón ha pasado del apagón atómico a plantearse la reactivación de sus plantas a pesar de las protestas de los movimientos antinucleares.

Con tan solo dos de sus más de 50 nucleares operativos, el nuevo Gobierno nipón capitaneado por el conservador Shinzo Abe, aún no ha desvelado con claridad cuál será su política energética para el futuro, aunque ha ofrecido pistas sobre su inclinación hacia este tipo de energía.

"Reactivaremos los reactores nucleares cuando se confirme que son seguros", anunció el primer ministro a primeros de mes.

Lo que parece casi seguro es que los reactores, detenidos para pasar las inspecciones de seguridad exigidas por el Gobierno tras el accidente atómico, no podrán reanudar su actividad completamente como mínimo en tres años, plazo en el que se estima concluyan estas revisiones.

Además, Japón volverá presumiblemente al apagón nuclear completo, tal y como sucedió entre mayo y junio de 2012 por primera vez en 42 años, ya que para entonces está programada la parada de los reactores de la central de Oi, los dos únicos activos en el país.

"Japón no necesita energía nuclear. Es la opción más cara de generar electricidad que existe", afirmó a Efe Kenichi Oshima, reputado profesor de economía medioambiental y política energética de la Universidad Ritsumeikan, en Kioto.

Oshima, galardonado recientemente en Japón por su libro "El Coste de la Energía Nuclear. Un argumento a favor de cambiar las fuentes energéticas" (Iwanami Shinsho, 2012), considera que, a la larga, la atómica es la más costosa.

"Su gasto de por sí es bastante sustancioso, aunque hay que contar con los costes sociales" de este tipo de energía que se disparan en casos de grave accidente nuclear, detalló Oshima.

"TEPCO (operadora de la maltrecha central de Fukushima) no puede afrontar el pago de las indemnizaciones a las víctimas y los costes para la desmantelación de la planta, la descontaminación y la rehabilitación"; un monto que deberá abonar el Gobierno con dinero público, remarcó el experto.

Hasta el momento, la mayor eléctrica de Japón ha recibido cerca de 3 billones de yenes (24.640 millones de euros) de dinero público para cubrir los costes del accidente, al margen de haber incrementado la tarifa eléctrica de los hogares en un 10 por ciento.

Además, las operadoras eléctricas niponas tendrán que invertir al menos 1,1 billones de yenes (unos 9.000 millones de euros) en implementar los nuevos estándares de seguridad en sus centrales exigidos por el regulador.

Con información de Efe

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