Para iniciar los procesos de consulta previa sobre proyectos mineros, el Ejecutivo debe publicar la Base de Datos oficial de los Pueblos Indígenas u Originarios, recomendó el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna.

Ya han pasado 8 meses desde que el Ministerio de Cultura aprobó - en mayo del 2012 - la directiva que establece las normas, pautas y procedimientos para la administración de la Base de Datos.

“Esta base de datos debe constituirse en una fuente de información que ayude a las entidades del Estado a realizar las acciones preparatorias de los procesos de consulta de manera adecuada. Es importante recordar, que la falta de su publicación no exime al Estado de la obligación de cumplir con el derecho a la consulta previa”, señaló el Defensor del Pueblo.

Además, recomendó, publicar la «Guía Metodológica para la implementación del derecho de consulta previa» a cargo del Ministerio de Cultura, guía que no ha sido publicada, tal como lo dispone el artículo 28°, numeral 8 del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, habiéndose excedido largamente el plazo de 30 días establecido.

El oficio da cuenta que el Ministerio de Energía y Minas solicitó al Ministerio de Cultura información sobre la existencia de pueblos indígenas en los proyectos mineros de exploración que deben sujetarse al Decreto Supremo N° 020-2012-EM, ante lo cual, el Ministerio de Cultura habría verificado la existencia de pueblos indígenas en catorce (14) proyectos de exploración.

Sobre estos proyectos “el proceso de consulta sobre la autorización de inicio de la actividad de exploración del Proyecto Angostura en la comunidad campesina quechua Nueva Esperanza de Mollepiña (Apurímac) aún no se ha cumplido”, afirmó Vega Luna.

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