Un total de 54 países, ninguno de ellos latinoamericano, están supuestamente implicados en el programa secreto de detenciones ilegales de supuestos terroristas desarrollado por  la CIA, según informa un documento de la ONG Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI), con sede en Nueva York.

Las detenciones se produjeron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y a pesar de que  el presidente Barack Obama rechazó la tortura al acceder a su cargo en 2009, aquel decreto "no repudia" los métodos y tampoco establece medios efectivos para prevenirlos, afrima el estudio.

El informe consta de 213 páginas y denuncia que, durante la Administración de George W. Bush entre 2000 y 2008, se abrazó  el “lado oscuro” para terminar con el terrorismo internacional. Al parecer, se violaron numerosos derechos humanos sin respetar las leyes, tanto estadounidenses como internacionales.

La organización afirma que más de medio centenar de países participaron en la detención, tortura y otros abusos de estos sospechosos. Las detenciones no podrían haberse llevado a cabo sin la “participación activa” y secreta de los Gobiernos extranjeros que colaboraron con la CIA. "Rendición extraordinaria" es el término utilizado en EE UU y el Reino Unido para la detención ilegal, interrogatorio y traslado a otros países de los sospechosos de terrorismo.

Los países que colaboraron con el gobierno de EEUU, corresponden,  en muchos casos, con aquéllos que han luchado contra militantes islamistas en su propio territorio, como Afganistán, Egipto, Pakistán y Arabia Saudita.

Entre los países, figuran aliados cercanos de Estados Unidos, como Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, España, Suecia, Australia, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Turquía y Tailandia

También se inclue a Irán que,  a pesar de su limitada relación con EEUU, entregó a Washington a 10 sospechosos de manera indirecta, en su mayoría árabes.

Además en el informe se detalla los casos de 136 personas sometidas a estos métodos, aunque admite que no puede conocerse el verdadero alcance de este programa ni la cifra total de víctimas debido a la opacidad del Gobierno de EE UU y sus socios.

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