¿Por qué matar a quien probablemente pudo revelarle al país cómo él y 13 camaradas terroristas ingresaron sin muchos inconvenientes a la embajada de Japón?, se pregunta el periodista Henry Rafael. Lee esta columna publicada en la Revista PODER a propósito de la lectura de sentencia -que será en algunos días- sobre el caso Chavín de Huántar.

La foto que aún espera respuestas

Henry RafaelEsta foto, publicada primero en el libro Base Tokio y luego en el diario El Comercio el 19 de mayo del 2002, revela hechos que aún nadie ha podido cuestionar. En la toma se ve el cadáver de Eduardo Cruz ‘Tito’ en el patio posterior de la residencia, muy cerca del acceso interior hacia la Casa Nº1 donde dos policías de la Dinoes han atestiguado, bajo juramento, haber entregado al subversivo vivo a un militar que estaba bajo el mando del coronel (r) EP Jesús Zamudio Aliaga.

Zamudio es sindicado como uno de los principales responsables en la muerte del emerretista 'Tito'. Fuentes policiales que participaron de la investigación señalan que se les denominó gallinazos a los posibles autores de las ejecuciones extrajudiciales en honor al sobrenombre que tenía el coronel, 'El gallo cantor'. Es, a su vez, recordado por su temperamento agresivo y tirano, pues integró la temible patrulla 'Lince', que se encargó de reprimir el terrorismo en Ayacucho en la década del ochenta. Era un hombre tan cercano a Vladimiro Montesinos que es uno de los que lo ayudó a escapar hacia Venezuela.

Es en esa zona que muestra la fotografía donde se afirma que no solo los militares y policías vieron al emerretista vivo por última vez, sino también el diplomático japonés Hidetaka Ogura y algunos exrehenes, entre quienes figuran exmagistrados de la Corte Suprema y el coronel FAP José Garrido. Fuentes muy precisas nos revelaron durante el proceso de investigación que varios de estos exrehenes reconocieron este hecho en privado pero que el supuesto ‘pacto de sangre’ los obliga a silenciarlo.

Pero el eco fue mayor, pues enfermeras y policías que atendieron a algunos exrehenes revelaron a los peritos que investigaban el caso haber escuchado de sus pacientes la misma historia: que había al menos uno o más rendidos, y que todos mostraron su sorpresa cuando, internados aún en el hospital, Alberto Fujimori señalaba en conferencia triunfante que todos los emerretistas habían sido abatidos en combate. Esos relatos no pudieron ser incluidos en la investigación, pues todo el personal del Hospital de Policía habría sido amedrentado con declarar a la fiscalía.

Por otro lado, los dos policías que aseguraron haber visto a 'Tito', Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, fueron tan precisos en sus declaraciones que no solo concordaban con los detalles que brindó Ogura (a quien nunca conocieron), sino que incluso revelaron el color y las características de la ropa que llevaba el subversivo al momento que lo entregaron al agente enviado por Zamudio, datos que coinciden en su totalidad con la vestimenta que se halló en su cadáver. A pesar de las extrañas presiones provenientes de todos los sectores del poder del país, estos agentes de la Dinoes nunca recularon y se mantuvieron firmes en su valiente versión.

Otra importante versión es que el suboficial (r) EPManuel Túllume (otro de los hombres de confianza de Montesinos) grabó los momentos cuando los policías entregaron vivo a ‘Tito’. El militar aparece con una cámara filmadora en varias fotografías que se tomaron durante el rescate de los rehenes. Sin embargo, hace pocas semanas la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial decidió absolverlo argumentando falta de pruebas. Es justamente en ese proceso donde el excongresista Xavier Barrón reveló que un exrehén le confirmó que había al menos un emerretista. Nunca quiso revelar el nombre de esa persona. Luego se desdijo y nunca más colaboró con este proceso.

Un detalle adicional de la fotografía es el segundo cuerpo yaciente sobre la terraza de la residencia. Este cadáver se encuentra en la parte superior cercana a la habitación desde donde diplomáticos japoneses y los magistrados supremos de aquel entonces fueron liberados. La foto resulta aún más reveladora porque concuerda completamente con la versión de Ogura, quien vio a otros dos subversivos, presuntamente Luz Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza, vivos y en actitud de rendición.

Cuando los autores de aquella investigación periodística del diario El Comercio hallamos la foto y la analizamos, nos encontramos con la sorpresa de que nadie había podido explicar las coincidencias de esta fotografía con los testimonios recogidos por la fiscalía.

Consultado sobre los cuerpos que aparecen en la fotografía, el coronel EP (r) Hugo Robles, involucrado en el proceso, dijo en una entrevista a La República a finales del año pasado: “No sé nada de ese muerto. Su cuerpo apareció afuera, en el jardín de la residencia. No fue parte de la operación”. La periodista insistió: Pero, entonces, ¿sí se trata de una ejecución extrajudicial? “Eso tendrá que investigarse”.

Esta prueba gráfica tiene un realce especial pues fue tomada en los primeros 45 minutos posteriores a la operación Chavín de Huántar desde un helicóptero que por aquel entonces rentaba el medio de comunicación para su cobertura informativa. El lapso de tiempo es clave ya que concuerda con el tiempo en el que los policías señalan haber entregado a Tito vivo a un militar y la hora en la que se supone este fue ejecutado.

No solo los testimonios oficiales, la versión de Ogura, las versiones off the record, las pericias forenses y esta fotografía avalan la hipótesis de una presunta ejecución extrajudicial. Muchas otras fotografías y videos de momentos previos y posteriores a la operación con las que cuenta el expediente judicial sustentan estos argumentos. Lo más importante está quizás en lo que revelala segunda página de una nota de inteligencia desclasificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que forma parte del expediente, no solo se señala literalmente que un terrorista fue eliminado en los exteriores de la residencia luego de que intentaba escapar, sino que además hace la siguiente referencia: “una mujer también fue ejecutada después de haberse rendido”.

El citado informe fue redactado en estricta reserva en junio de 1997, es decir cuando nadie hablaba públicamente de las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Lo interesante de este documento es que al terrorista al que se refiere no es ‘Tito’, sino Rolly Rojas, quien habría sido abatido con una ráfaga y cuyo cuerpo se escondió parcialmente bajo el de Néstor Cerpa. El cable termina de una forma muy contundente: “El presidente Fujimori envió la orden de no tomar prisioneros”.

Según una versión de alto nivel dentro de la investigación, incluso se logró identificar las características del comando militar que recibió a ‘Tito’ y lo entregó a Zamudio, pero por la falta de colaboración de los interrogados no se pudo incluir ese identikit en el informe fiscal. Todos estos hechos habrían sido, en efecto, de conocimiento del general (r) José Williams Zapata, ex jefe de la División de Fuerzas Especiales (DIFE) y responsable y jefe operativo de la operación.

Mentiras y temores

En los últimos años se ha hecho creer que se pretende encarcelar a los 140 comandos Chavín de Huántar. Lo único real es que en total se denunció a 22 personas, incluidos solo 12 comandos, y a estos últimos únicamente por su participación directa en el área que muestra la fotografía. Es paradójico y sospechoso que fuera más bien el Tribunal Militar quien decidió involucrar a todos los comandos de la operación, en un afán aparente de usarlos como escudo y proteger de esa forma a los altos mandos militares que realmente conocieron el detalle de la operación. Las personas consultadas para esta nota señalaron que el artífice de esta estrategia de blindaje fue el mismo Williams Zapata.

Durante el proceso de investigación fiscal, Williams nunca puso a disposición de la justicia el Plan Operativo de Chavín de Huántar, documento que se consideraba clave para el proceso. Sin embargo, una declaración posterior puso en cuestión su grado de responsabilidad en las presuntas ejecuciones. De acuerdo con la nota que escribimos para el Decano, el coronel Zamudio declaró ante la fiscalía, antes de ser prófugo de la justicia, que su misión específica era proteger el área comprendida entre el boquerón y las casas identificadas con los números 1, 2, 3 y 4, y que esta función le fue encomendada por el general Williams.

La historia es más interesante. Todos los militares procesados fueron pasados al retiro, pero Williams se salvó. Gracias a su estrecha amistad con el entonces general Roberto Chiabra León, se mantuvo en actividad incluso hasta el gobierno de Alejandro Toledo, con quien se dice tuvo una relación cercana.

El comportamiento de Williams es una de las cosas que incomoda aún a muchos de los valerosos comandos que dieron su vida por la patria y que han sido implicados justamente por el fuero militar en este proceso en el que la parte civil nunca los involucró.

En la misma entrevista concedida a La República mencionada anteriormente, el coronel (r) Robles, consultado sobre quién debía responder por la presencia de los llamados ‘gallinazos’, dijo: “El general José Williams Zapata debió responder porque él fue el jefe de la operación. Pregúntenle a él si hubo o no 'gallinazos'. En mi zona no”.

El historial de Williams es muy largo en planes secretos con fines políticos. Por ejemplo, fue encontrado responsable por la Comisión Investigadora del Caso Montesinos, presidida por la congresista Anel Townsend, de haber presionado a los medios de comunicación y gestionado la campaña de la re-reelección de Fujimori. El plan fue elaborado por Montesinos con la asistencia de Williams.

En el 2002, la revelación de estas presuntas ejecuciones extrajudiciales logró que por primera vez fujimoristas y toledistas hablaran al unísono. Y es que uno de los acusados fue el hermano del excongresista, exsecretario general de Perú Posible y expremier, Luis Solari de la Fuente. El general PNP Martín Solari, en ese entonces director del Hospital de Policía, fue denunciado por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado.

Junto a él fueron incluidos Fernando Dianderas (exdirector general de la Policía) y Herbert Ángeles Villanueva (exjefe del servicio de Anatomía Patológica).

Según conocimos en la investigación periodística, Solari y Dianderas (este último mediante una llamada telefónica) se opusieron a que peritos de balística y criminalística de la policía realizaran las necropsias en los 14 cadáveres de los emerretistas, tal como lo establece la ley. La investigación del fiscal Richard Saavedra determinó que esas necropsias fueron mal elaboradas y que tenían claros indicios de adulteración. Pocos meses después, el citado magistrado no fue ratificado y fue retirado del caso.

La magnitud de las reacciones de los sectores político y militar fue tal que incluso el decano de la prensa nacional tuvo que editorializar en varias oportunidades sobre la importancia del caso y defendió abiertamente la investigación periodística y judicial del Caso Chavín de Huántar. ¿Por qué? No solo por el afán de conocer la verdad, sino también por la posibilidad de que este caso ayudase a esclarecer una interrogante que jamás fue aclarada. Si había elementos de juicio –como varios indicios, testimonios y las pericias forenses de calificados profesionales– para sospechar que ejecutaron extrajudicialmente al camarada ‘Tito’, ¿por qué matar a quien probablemente pudo revelarle al país cómo él y sus solo 13 camaradas subversivos ingresaron sin muchos inconvenientes a la residencia japonesa en diciembre de 1996? Y sobre todo, conocer quiénes fueron los cómplices que les facilitaron detalles, croquis, la lista y ubicaciones de los más de 800 invitados de una cena a la que acudió la crema y nata más distinguida del poder político, diplomático y militar peruano, y a la que, increíblemente, solo la custodiaba un patrullero.