La nueva  ley docente ha generado más de una opinión encontrada luego de que Ollanta Humala anunciara que su gobierno va a derogar las leyes de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y del Profesorado para dar pase a otra denominada "de Desarrollo Docente".

Como informa La República, Patricia Salas ha sido abiertamente cuestionada por quienes han pedido que sea interpelada por el Congreso de la República cuando aún no se conoce ni siquiera el anteproyecto de la misma con total claridad.

Uno de los puntos más cuestionados fue el aumento de sueldo a los maestros sin excepción y sin pasar por una evaluación previa, y aunque esto es cierto, Salas aclaró ayer que ese incremento no será igual para todos puesto que dependerá del nivel y cargo que tenga el maestro. Según afirmó en RPP, el objetivo es aumentar el piso salarial porque aún hay maestros que perciben S/. 1,000 . "El aumento viene para todos, pero no de manera general sino diferenciando escalas, por complejidad, la situación en la que están y detalles de reconocimiento", explicó tras recalcar que se busca que "todos los maestros del Perú jueguen con las mismas reglas", aclaró.

Actualmente existen claras diferencias entre entre los maestros que laboran bajo el régimen de la Ley del Profesorado y los que se acogieron a la CPM, por ello muchos maestros decidieron no participar en los concursos de nombramiento e incorporación. Sentían que sus derechos adquiridos eran recortados, según La República.

Entre los principales grupos en contra de la propuesta, resaltan las bases del SUTEP en el interior del país, vinculadas a Conare. Recordemos que el secretario general, René Ramírez, dio a conocer abiertamente que estaba  a favor.

Así, el secretario general del SUTEP en Puno, Lucio Calla, señaló que esta Ley podría apuntar a a eliminar la estabilidad laboral y los derechos del magisterio, ya que considera que contiene los mismos argumentos que la CPM.

Al parecer, dicha propuesta podría ser interpelada porque supuestamente viola la Carta Magna, ya que incumple una norma planteada por el Congreso. Por ello,  la acusación constitucional contra la ministra de Educación, puede ocurrir si  las cuatro bancadas que promueven su interpelación firman el pedido para denunciarla por violación a la Carta.

"La interpelación servirá para que la ministra dé explicaciones ante el Pleno. Y es un tema de minorías porque solo con 18 votos se puede obtener; lo hemos planteado y lo estamos coordinando con otras bancadas para sumar firmas", dijo Mauricio Mulder, portavoz de Concertación. "Su deber es cumplir la ley hasta el último día de vigencia, hasta que sea derogada. Si no lo hace incurre en una infracción constitucional", dijo tras comentar que 60 mil maestros se incorporaron a esa ley y ahora se hallarían en situación de estafa por el Estado.

Finalmente, el reglamento dice que son necesarios 35 votos para que la moción de interpelación se materialice y las cuatro bancadas que promueven esta iniciativa la superan: Fuerza 2011 (36 votos), Concertación (6), Acción Popular (6) y Alianza por el Gran Cambio (12), además de los cinco congresistas disidentes de Gana Perú.