(Andina).- La decisión de la Corte Suprema de disminuir la condena a los integrantes del grupo Colina y de eliminar el delito de lesa humanidad “ofende la memoria” de las víctimas de ese escuadrón de la muerte, sostuvo hoy una representante de los deudos del caso La Cantuta.

Gisella Ortiz, delegada de los familiares de los nueve estudiantes y un profesor asesinados por el grupo Colina en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, aseveró que este fallo “es indignante y es un retroceso para la administración de justicia en el país”.

“Esta sentencia nos hace daño. Quienes hemos sido víctimas del grupo Colina, podemos dar fe del nivel de maldad de estas personas que no tuvieron ningún ápice de remordimiento por el daño causado”, declaró a la Agencia Andina.

Sostuvo que los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema “le deben al país una explicación” porque este fallo que, dijo, va contra resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que definió estos crímenes como de lesa humanidad.

“Es más, este fallo es peligroso porque erosiona las bases de la sentencia contra Fujimori, por el caso Cantuta y Barrios Altos, ya que por esas matanzas le fue imputado el delito de lesa humanidad”, argumentó.

Ortiz lamentó que luego de años de esfuerzo de los familiares de las víctimas de este escuadrón paramilitar para lograr que se haga justicia, hoy algunos jueces supremos, “desconociendo ese dolor y sufrimiento”, rebajen sus penas y posibiliten que en algunos años salgan en libertad.

Esta tarde, el vocal supremo Javier Villa Stein informó que se dispuso la disminución de las penas aplicadas a los integrantes del comando paramilitar “Colina”, condenados por haber cometidos los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, durante el régimen de Alberto Fujimori.

La sala judicial encargada de este caso también declaró nula la imputación de asociación ilícita para delinquir contra los cabecillas de ese grupo, resolvió que no cometieron delito de lesa humanidad y dispuso la liberación de uno de sus integrantes.

Stein dijo que se redujo la condena en algunos casos de 25 a 20 años y en otros de 25 a 22 años como compensación por la excesiva demora en el juicio que ya ha cumplido once años.

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